LD (EFE) En un nuevo número de "Papeles FAES" la organización considera que es una "buena noticia" que tanto el PP como el PSOE se propongan eliminar este tributo en la próxima legislatura en todo el territorio nacional, en lugar de dejar actuar el mecanismo de la competencia fiscal entre las comunidades autónomas.
El artículo "La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio", que está firmado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Cabrillo, sostiene que este tributo es contrario a la equidad porque recae, fundamentalmente, sobre las rentas medias, ya que los ciudadanos más ricos pueden eludir mediante otros instrumentos fiscales.
También recuerda que si se suprime el tributo España se alinearía con otros países de Europa, ya que sólo existen impuestos sobre la riqueza en Francia y Noruega, países donde, en cualquier caso, la carga fiscal que soportan los contribuyentes por este tributo es menor que la española.
Además, afirma que los nuevos miembros de la Unión Europea, a la hora de diseñar sus sistemas fiscales, no incluyeron esta tasa por considerar que podría tener efectos negativos en sus estrategias de desarrollo económico.
Contra la opinión de los defensores de este impuesto que consideran que favorece la eficiencia en el uso del capital, FAES esgrime que este argumento es "esencialmente antiliberal" porque implica que el Estado, mediante la política fiscal, es capaz de orientar a los contribuyentes sobre lo que deben hacer con su propio dinero.
Así, señala que si una persona decide mantener "ocioso" su patrimonio es una decisión de su propietario, quien tiene "sus razones particulares para hacerlo así", por lo que no es "merecedor" de que el Estado le eleve la carga fiscal.
FAES insiste en que la pervivencia de este impuesto, introducido en 1977 con carácter censal, es "un disparate" en pleno siglo XXI, por lo que augura que es posible que su supresión vaya en la dirección de mantener los instrumentos de control de las bases, pero eliminando la tributación.
La fundación tampoco cree que este impuesto defienda la eficiencia, porque el hecho de que la Hacienda Pública se apropie de una parte de ese capital por el mero hecho de que exista, asegura, desincentiva el ahorro y la inversión, ya que acumular un patrimonio del que disfrutar en el futuro o que se pueda dejar a los herederos es un "poderoso incentivo" para trabajar y asumir riesgos.
El artículo "La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio", que está firmado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Cabrillo, sostiene que este tributo es contrario a la equidad porque recae, fundamentalmente, sobre las rentas medias, ya que los ciudadanos más ricos pueden eludir mediante otros instrumentos fiscales.
También recuerda que si se suprime el tributo España se alinearía con otros países de Europa, ya que sólo existen impuestos sobre la riqueza en Francia y Noruega, países donde, en cualquier caso, la carga fiscal que soportan los contribuyentes por este tributo es menor que la española.
Además, afirma que los nuevos miembros de la Unión Europea, a la hora de diseñar sus sistemas fiscales, no incluyeron esta tasa por considerar que podría tener efectos negativos en sus estrategias de desarrollo económico.
Contra la opinión de los defensores de este impuesto que consideran que favorece la eficiencia en el uso del capital, FAES esgrime que este argumento es "esencialmente antiliberal" porque implica que el Estado, mediante la política fiscal, es capaz de orientar a los contribuyentes sobre lo que deben hacer con su propio dinero.
Así, señala que si una persona decide mantener "ocioso" su patrimonio es una decisión de su propietario, quien tiene "sus razones particulares para hacerlo así", por lo que no es "merecedor" de que el Estado le eleve la carga fiscal.
FAES insiste en que la pervivencia de este impuesto, introducido en 1977 con carácter censal, es "un disparate" en pleno siglo XXI, por lo que augura que es posible que su supresión vaya en la dirección de mantener los instrumentos de control de las bases, pero eliminando la tributación.
La fundación tampoco cree que este impuesto defienda la eficiencia, porque el hecho de que la Hacienda Pública se apropie de una parte de ese capital por el mero hecho de que exista, asegura, desincentiva el ahorro y la inversión, ya que acumular un patrimonio del que disfrutar en el futuro o que se pueda dejar a los herederos es un "poderoso incentivo" para trabajar y asumir riesgos.