LD (Europa Press) "Nos dijeron que había ese dinero pero todavía no sé dónde", afirmó el testigo. Fernández, perteneciente a la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CNMV, coordinó las inspecciones del organismo regulador sobre Gescartera que tuvieron lugar desde julio de 1999 hasta noviembre de ese mismo año y la que comenzó en marzo de 2000 y desembocó en la intervención de la agencia de valores.
Según explicó el interventor, la primera inspección se saldó con la detección de un desfase patrimonial de alrededor de 27 millones de euros a fecha de 30 de noviembre de 1998, cuando Gescartera aún no se había transformado en agencia de valores. El propietario de la entidad, Antonio Camacho, y su 'número dos', José María Ruiz de la Serna, justificaron que dicha cantidad estaba depositada en una sicav creada en el HSBC en Luxemburgo y que iba a trasladarse a España a través de dicho banco. "Ahora sé que la sicav no existía", apuntó.
El HSBC envió los certificados de clientes que iban a invertir en la sicav, pero "desistió" de constituirla al tener conocimiento de que el organismo regulador estaba investigando a Gescartera. A raíz de la negativa del banco, Camacho y Ruiz de la Serna presentaron ante la CNMV varios documentos emitidos por "La Caixa" con los que trató de justificar la existencia de los 27 millones de euros y la intención de repatriarlos a España.
Esta documentación emitida por 'La Caixa' "en el momento" resultó "válida" para la CNMV, explicó el testigo. Después de la intervención, se comprobó que el extracto de cuenta estaba falsificado, ya que durante la inspección de 1999, los interventores del organismo regulador no reclamaron a "La Caixa" la "verificación" de la información.
Una comprobación que sí se llevó a cabo con el Banco de Santander sobre unos certificados emitidos por dicha entidad y presentados durante la inspección de 2001. El interventor justificó el cambio de criterio de la CNMV por la sustitución del director de las inspecciones sobre Gescartera ordenado en julio de 1999 por el entonces presidente del organismo, Juan Fernández Armesto, que cambió a Carlos Vives por Antonio Botella.
El interventor declaró que Camacho y Ruiz de la Serna "eran conscientes" del desfase patrimonial que existía en Gescartera, y que hasta después de la intervención la CNMV no tuvo conocimiento de la existencia de "varios tipos de contratos". Concretamente, desconocía la existencia de clientes de renta fija. Fernández recordó que tras la intervención, y como último recurso, los responsables de Gescartera intentaron justificar la existencia del dinero con un certificado de la sociedad Martin Investments, domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). "Nada nos pudo hacer creer que el dinero estaba allí", afirmó.