La intervención de los gobiernos, bajo la excusa de rescatar al sistema financiero internacional y combatir la recesión económica, ha supuesto un desembolso de dinero público histórico.

El coste de los rescates bancarios y la aplicación de los planes de estímulo asciende a 13 billones de dólares hasta 2009. Esta cifra equivale al 21,12% del PIB mundial (61,5 billones de dólares), de modo que la intervención pública supone una carga adicional próxima a los 1.900 dólares por cada ser humano del planeta. Y ello, sin contar con las inyecciones extraordinarias de liquidez aplicadas por los principales bancos centrales.

En concreto, los rescates bancarios por parte de los gobiernos (empleando dinero del contribuyente) asciende a 3,6 billones de dólares (el 5,73% del PIB mundial) o, lo que es lo mismo, 515 dólares per capita. Mientras, los planes de estímulo suman 9,4 billones de dólares (el 15,39% del PIB mundial), equivalente a 1.382 dólares por ser humano, según un estudio elaborado por  Grail Research and de Luxe & Associates, para la prestigiosa Harvard Business Review.

Según el informe, casi el 75% del rescate bancario ha sido llevado a cabo por los países occidentales, es decir, EEUU y las grandes potencias europeas. En este caso, el coste de salvar el sistema financiero haciendo uso del gasto público ha sido del 7,8% del PIB conjunto de dichos países.

Islandia lidera el ranking de esfuerzo público para sostener en pie su banca tras destinar el 76,2% de su PIB a esta tarea, seguido de Irlanda (48,3%), Letonia (33,6%) -junto a otros países del Este como Hungría (20,6%)-, Reino Unido (19,3%), Rusia (14,2%), Emiratos Árabes Unidos (12,2%), EEUU (7,3% del PIB), España (5,2%) y Alemania (5,1%).

En cuanto a los planes de estímulo, por encima de todos destaca Arabia Saudí (85%) y China, cuyo Gobierno ha destinado el 46,7% de su PIB a estimular la economía mediante un ingente plan de gasto público, según los autores del informe. Le siguen Sudáfrica (29,3%), EEUU (34,6%) y Japón con el 13,9% del PIB. El plan de estímulo aprobado por el Gobierno español hasta 2009 asciende al 5,3% del PIB, indica el informe.