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La Junta trata de desactivar la manifestación de funcionarios del sábado

La Junta pretende desactivar la manifestación general de los funcionarios y laborales andaluces contra el Real Decreto del gobierno Griñán, mediante la destitución de José Antonio Ortiz Mallol. Mientras, Javier Arenas pide explicaciones por este cese.

José Antonio Ortiz Malloles señalado por todos, ahora aún más si cabe, como el autor intelectual y político del decretazo del enchufismo

Dicho Decreto incluye como empleados públicos de la Junta de Andalucía a más de 35.000 trabajadores contratados al margen de las exigencias de la Función Pública, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, y casi siempre a dedo. A pesar de que es imposible que Ortiz Mallol sea responsable de dicho real Decreto 5/2010 de reordenación de la Función Pública, su cese ya ha sido aplaudido por algunos sindicatos. Sin embargo, el Real Decreto no ha sido retirado, lo que muestra que el suceso es otro añagaza más del gobierno Griñán.

Todos los periódicos andaluces se hacen hoy eco de esta destitución de quien ha tenido un poder omnímodo en la organización de la Administración Andaluza desde hace más de un año. Tras la dimisión de Rafael Velasco como número 2 del PSOE andaluz, Griñán tiene que sufrir ahora el cese de Ortiz Mallol, aunque no parece probable que acabe con la rebelión desatada en la función pública. Al parecer, a Griñán no le han gustado las pitadas y abucheos por la aprobación del "decreto del enchufe", porque prevé hacer fijos a unos 20.000 trabajadores -35.000 según la UGT - del entramado de empresas públicas y agencias de la Administración andaluza.

Aunque el Consejo de Gobierno aprobó ayer la salida de José Ortiz Mallol, secretario general de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, seguirá en la misma Consejería realizando labores de asesoramiento jurídico, lo que tampoco parece comprensible.

Los funcionarios pidieron su cese el pasado 3 de noviembre, en una concentración a las puertas de la sede de la Junta donde trabajaba en Sevilla, organizada por la asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, formada por empleados públicos al margen de los sindicatos. Pero según El País la puntilla se la ha dado un "anónimo" que ha circulado por la Junta de Andalucía en el que se reflejan numerosas irregularidades presuntamente cometidas por Ortiz Mallol.

La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, no pudo explicar si la marcha de Ortiz Mallol es una dimisión o una destitución y negó que el relevo esté relacionado con el polémico decreto de reordenación del sector público. "En absoluto. Todo lo contrario: el cambio responde a un nuevo escenario de impulso y de desarrollo del decreto". Es decir, Moreno advirtió que el Real Decreto continuará desarrollándose tal cual está redactado.

Sin embargo, otras fuentes socialistas indican que el Decreto podría ser derogado en breve y así parece haberlo afirmado en un programa de radio la comentarista prosocialista María Antonia Iglesias.

Moreno anunció que Ortiz Mallol no va a dejar la Junta, ya que es funcionario, del cuerpo de letrados, y "va a seguir formando parte del equipo de la consejera" para impulsar "los tribunales administrativos".

El PP acusa a Griñán de la nefasta gestión del sector público


Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, vinculó el cambio en la Secretaría General de la Administración Pública con las críticas al Decreto de reestructuración del sector público y con la "nefasta gestión" que la Junta ha hecho del sector público. Para Arenas, el Ejecutivo andaluz tiene que dar "muchas explicaciones" sobre cómo se ha producido esta sustitución. "Los andaluces merecen una explicación de este cese", afirmó el dirigente del PP.

Manuel Alcaide será el nuevo secretario general para la Administración Pública, en sustitución de Ortiz Mallol. Alcaide, que estaba al frente de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, es el alto cargo al que un juez de Sevilla requirió personalmente en septiembre para que pagara una multa de 500 euros hasta que cumpliera una sentencia contraria a la Junta.

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