Según el informe La reforma de la Seguridad Social , incluido en el boletín económico de mayo-junio de FUNCAS, la fundación de las cajas aboga por una reforma "profunda" de las cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo coste podría ser compensando con un "moderado" aumento de los tipos del IVA.
Además, defiende una pensión pública máxima con valores que se revisen anualmente con el Índice de Precios de Consumo (IPC) y el cálculo de las prestaciones teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas durante 20 ó 25 años de vida laboral. También recomienda una vuelta a los incentivos fiscales anteriores a la reforma del IRPF de 2006 para las aportaciones a los planes de pensiones complementarios.
Según FUNCAS, estas propuestas no significan una "enmienda a la totalidad" del Pacto de Toledo, sino "todo lo contrario", ya que, sin las reformas que propone, el sistema de pensiones podría tener "serios problemas de sostenibilidad", pero si las aplica, la Seguridad Social podría afrontar sin "mayores problemas" los cambios futuros.
Destaca que, entre los problemas actuales del sistema de pensiones, la edad de 65 años establecida hoy para la jubilación no tiene en cuenta que la esperanza de vida, que ha pasado de 73 años en 1975 a 82 en la actualidad, lo que implica que el periodo de "vida media pensionable" ha aumentado más de nueve años y lo hará más en el futuro.
Aumentar la vida laboral gradualmente hasta los 70 años "no parece incompatible con las condiciones actuales de salud" y menos lo será en el futuro, añade. En cuanto a las cotizaciones sociales, señala que representan un "considerable" porcentaje de los ingresos públicos totales y tienen un "peso excesivo" sobre los costes de las empresas, ya que encarecen el factor trabajo y dificultan el empleo.
Además, considera que suponen una "distorsión" de origen fiscal sobre las exportaciones españolas, dado que las cotizaciones sociales no se devuelven a los exportadores, mientras que sí se devuelve la fiscalidad indirecta de las mismas.
El informe recuerda que la reforma del IRPF de 2006 agravó la situación de los planes privados, por lo que aboga por cambiar "el injusto y desfavorable" tratamiento fiscal de los mismos y defiende los planes complementarios de pensiones. La Seguridad Social, dice, "ganaría mucho" incentivando los planes complementarios, especialmente los empresariales e, incluso, los del sector público para sus funcionarios.