Utilizar toda la vida laboral para calcular la pensión, elevar de 35 a 40 los años que hay que cotizar para cobrar la pensión máxima y aumentar a los 67 años la edad legal de jubilación son los tres ejes de la reforma gradual de las pensiones que presentó el "grupo de los 100" economistas.
Según explicó en rueda de prensa Pablo Vázquez de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que promueve el nuevo manifiesto de los 100, los jóvenes españoles tienen derecho a contar con un sistema público de pensiones moderno, similar al sueco y que se basa en esos tres principios.
La razón principal que se aporta en el informe para el cambio es que el sistema actual español es "injusto", ya que prima carreras cortas de trabajadores cualificados o de autónomos, frente a las de mayor duración de asalariados con baja cualificación. Por ello, Vázquez afirmó que la reforma que proponen es "urgente", ya que los trabajadores de 40 años necesitan saber si van a cobrar una pensión, algo que ahora no está garantizado.
De la propuesta de reforma del Gobierno, cuya medida principal es elevar la edad de jubilación en dos años (de los 65 a los 67), Javier Díaz-Jiménez (del IESE) dijo que sólo mejora la sostenibilidad a medio plazo, porque retrasa la aparición del primer déficit a 2020, pero no permite resolver las pensiones "definitivamente".
"De pensiones no se puede hablar"
Lo que plantea el Ejecutivo es "insuficiente" para Díaz-Jiménez, quien calificó además al Pacto de Toledo, que está debatiendo la reforma de las pensiones, de la "mayor estafa al contribuyente", debido a que la clase política ha "pactado que de pensiones no se puede hablar".
En su opinión, la reforma que los 100 economistas proponen es "más ambiciosa", ya que lleva hasta las "últimas consecuencias" la correspondencia entre las cotizaciones que paga un trabajador y la pensión que recibe.
Preguntados en que plazo podría ponerse en marcha esta reforma, Sergi Jiménez (de la Universidad Pompeu Fabra) indicó que, si entrará en vigor mañana, los primeros efectos se notarían en diez años.
Respecto al ahorro que supondría para las arcas su reforma, Ángel de la Fuente (del CSIC) dijo que no hay un cálculo exacto, pero precisó que en una aproximación de aquí al año 2050 sería de entre "4 o 5 puntos del PIB".