Zapatero sigue jugando a especulador, ya que mantiene intacto su objetivo de invertir hasta el 90% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, unos 60.000 millones de euros, en deuda pública española en 2010, frente al 76% de 2009 ó el 56% de 2008. Y ello, pese a que la deuda nacional acaba de perder la máxima calidad crediticia (triple A) que ostentaba desde 2004 tras la rebaja aplicada por la agencia de calificación Moody´s la pasada semana.
Es decir, la deuda pública española ya no es tan fiable como antes, dadas las malas perspectivas de crecimiento que presenta la economía nacional. Invertir en deuda española conlleva un mayor riesgo que hacerlo en deuda alemana, que aún mantiene su triple A, por ejemplo. Pese a ello, el Gobierno seguirá adelante con su estrategia: invertir casi toda la hucha de las pensiones en deuda pública nacional.
La llamada hucha de las pensiones, que se ideó con el fin de garantizar el pago de estas prestaciones en caso de que la Seguridad Social entre en números rojos, seguirá comprando deuda española pese a la rebaja de Moody's, según afirmó este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
En rueda de prensa para valorar los datos del paro y afiliación, Granado recordó que el Fondo ya compraba deuda española cuando ésta contaba con la actual calificación, en marzo de 2004, antes de subir hasta la Aaa (triple A). Según recordó, la ley que rige las inversiones del Fondo condiciona estas compras a que los títulos emitidos sean de calidad crediticia elevada y de significativo grado de liquidez.
Por ello, consideró que "sería absurdo, por no decir ridículo, que se argumente que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no puede invertir ahora en deuda pública". "Esa interpretación es bastante descabellada", añadió, antes de apostillar: "Vamos a seguir invirtiendo en deuda pública (española)".
Efectivamente, Granado no miente. En su artículo 3 el Real Decreto 337/2004, que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, establece lo siguiente:
[...] el Fondo de Reserva podrá invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de liquidez, es decir, negociados en mercados regulados o sistemas organizados de negociación, así como en otros valores de calidad crediticia elevada emitidos por personas jurídicas públicas en que así se acuerde por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Hacienda y de Economía [...]
Sin embargo, si bien esto es cierto, desde 2004 el Comité de Gestión del Fondo de Reserva, algo así como el consejo de dirección de la hucha de las pensiones, ha desarrollado una política muy diferente, consistente en invertir este dinero en activos de "máxima calidad" crediticia, es decir, triple A.
Dicho Comité está formado por altos cargos del Gobierno, entre otros, el propio Granado, que ocupa el puesto de presidente, José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, como vicepresidente primero, y Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, como vicepresidente segundo.
Tal y como reza el artículo 5 del Real Decreto 337/2004, dicho Comité se encarga del "superior asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo de Reserva", y decide los "criterios de inversión" del mismo a fin de garantizar una gestión "eficiente, rentable, segura, diversificada y congruente".
Cambio de criterio
Desde que Zapatero llegó al poder en 2004 dicho Comité ha seguido como criterio básico el de invertir el Fondo en activos de la "máxima calidad" crediticia. Así consta en los informes anuales del Fondo desde 2005 hasta 2009, así como en los criterios de inversión aprobados por el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo acaba de modificar en la práctica dicho criterio al concentrar casi todo el dinero del Fondo en deuda pública española, cuyo rating (nota crediticia) ya no es de máxima calidad sino de solvencia "elevada".
Además, la situación actual dista mucho de la anterior coyuntura económica. El Gobierno que presidía José María Aznar creó el Fondo de Reserva en el año 2000 tras sanear en su primera legislatura el abultado déficit que presentaba la Seguridad Social. A partir de ese momento, el Gobierno destina el superávit anual de la Seguridad Social a la hucha de las pensiones, aunque Zapatero lo incumplió en 2009. En 2004 el Fondo contaba ya con cerca de 19.000 millones de euros.
Entonces, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria y con unas cuentas públicas saneadas, España crecía a un ritmo próximo al 3% anual y nada hacía pensar una futura rebaja del rating soberano.
Sin embargo, la situación hoy es muy distinta. La economía nacional sigue estancada, con alto riesgo de caer nuevamente en recensión, con un déficit público histórico, próximo al 11% del PIB en 2009, y en medio de una crisis de deuda pública sin precedentes en la historia reciente de la Unión Europea. De hecho, algunos analistas avanzan que la Seguridad Social también registrará números rojos en un futuro próximo.
De ahí, precisamente, la reciente degradación de la deuda española. El problema es que, de mantenerse esta tendencia, nada impedirá que las agencias de calificación rebajen nuevamente el rating soberano de España, perdiendo así la actual "calidad crediticia elevada" que exige la ley.
El Fondo disponía de 62.958 millones el pasado junio, el 6% del PIB, y acabará el año en 64.300 millones, según las previsiones del Ejecutivo. De esta cuantía casi 60.000 millones estarán invertidos en deuda pública española a finales de año.
En resumen, si bien por el momento el Gobierno no incumple la ley sí viola explícitamente los criterios de inversión que se venían manteniendo desde hace años y pone en riesgo la hucha de las pensiones en caso de que se produzca una nueva degradación soberana de España.