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EL TESORO PAGA 78.000 MILLONES DE MÁS

Paulson pasa factura: EEUU pierde el 30% del dinero invertido en activos tóxicos

El Plan Paulson, de 700.000 millones de dólares para comprar activos basura, pasa factura a los contribuyentes de EEUU. Según un informe del Congreso, el Tesoro pagó 254.000 millones para adquirir acciones y bonos bancarios en 2008, pero su precio real era de 176.000 millones. Un 30% menos.

Henry Paulson, ex secretario del Tesoro de EEUU (Archivo)

LD (M. Llamas) El ex secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, afirmó a la ciudadanía que su plan para la adquisición de activos tóxicos a la banca del país (TARP, por sus siglas en inglés), dotado con 700.000 millones de dólares, no pasaría factura a los contribuyentes. El dinero público invertido por el Gobierno se recuperaría, según afirmaba entonces.

Apenas cuatro meses después de su puesta en marcha, comienzan a publicarse los primeros informes oficiales en los que se evalúa el coste de la primera fase del citado plan. El Tesoro de EEUU se gastó en 2008 un total de 254.000 millones en la compra de acciones y bonos bancarios que, en realidad, valían cerca de 176.000 millones de dólares, según anunció el pasado jueves el panel del Congreso de EEUU encargado de supervisar el denominado Plan Paulson.

La presidenta de dicho grupo de trabajo, Elizabeth Warren, profesora de Derecho en Harvard, acusó a Paulson de engañar a los contribuyentes a la hora de valorar el precio real de los activos bancarios adquiridos por el Gobierno con dinero público. En su intervención ante el Comité de Banca del Senado de EEUU, Warren afirmó que Paulson "no fue totalmente franco" al explicar su plan para recapitalizar la banca del país.

El estudio demuestra que el Tesoro pagó casi 78.000 millones de más a las instituciones que participaron en la venta de activos al Gobierno. Es decir, la primera fase del plan habría concluido con unas pérdidas próximas al 30% del capital público invertido, ya que el Gobierno compró activos a la banca a un precio muy superior al del mercado. Una factura que, en todo caso, recaerá sobre los contribuyentes de EEUU.

Además, el estudio revela que el Tesoro pagó más dinero del que debía a la aseguradora American International Group (AIG) y el gigante financiero Citigroup. En concreto, el Gobierno inyectó 40.000 millones de dólares a AIG y otros 20.000 millones a Citigroup para evitar su quiebra, en una segunda ronda de ayudas. Sin embargo, por cada 100 dólares de dinero público invertidos en estas dos compañías, el Tesoro apenas recibió títulos por valor de 41 dólares, según el informe.

Mientras, en el caso de las otras ocho entidades participadas por el Tesoro, el retorno (rentabilidad) de las inyecciones públicas ascendió a 78 dólares por cada 100 invertidos. En estas operaciones se encuadran los 25.000 millones de dólares iniciales para Citigroup, así como los fondos públicos para Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, PNC Financial y US Bancorp.

Tras la intervención de Warren, el senador demócrata Daniel Akaka afirmó que la implementación del Plan Paulson se desarrolló “de forma caótica, desorganizada y ad hoc”, informa Reuters. Por su parte, Neil Barofsky, otro de los supervisores del programa TARP, señaló a la comisión del Senado que su oficina iniciará una investigación e, incluso, estudiará recurrir a los tribunales debido a la mala gestión del dinero público efectuada por Paulson.

La conclusión del citado informe coincide, además, con un reciente estudio de la oficina presupuestaria del Congreso de EEUU sobre este mismo ámbito. El informe, al que ha tenido acceso LD, muestra que, a 31 de diciembre, el Tesoro había comprado acciones y bonos bancarios por valor de 247.000 millones de dólares. Sin embargo, el sobreprecio pagado por el Gobierno para adquirir tales activos ascendió a 64.000 millones de dólares. Un 26% más que su valor de mercado. Es decir, el Tesoro habría tirado a la basura 64.000 millones de dólares de los contribuyentes. Y eso que Paulson se comprometió a que dichas operaciones no supondrían pérdidas al erario público.

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