LD (Agencias) En una comparecencia en la Cámara de los Comunes del Parlamento, el ministro de Negocio y Empresas, John Hutton, dijo que serán las compañías de energía las encargadas de financiar, desarrollar y construir las nuevas plantas nucleares. Las actuales plantas británicas, que producen un 20 por ciento de la electricidad, acabarán su vida útil en el 2023.
Hutton señaló que el Ejecutivo laborista confía en que las primeras plantas queden construidas antes del 2020. En su opinión, estos nuevos reactores nucleares no sólo responderán a las necesidades energéticas del país, sino que permitirán atajar el problema del cambio climático. Las plantas que se construirán suministrarán al Reino Unido una energía "limpia, segura y asequible" para responder a "un interés vital a largo plazo para el país", subrayó el ministro.
"La energía nuclear nos ha facilitado suministros seguros de electricidad durante medio siglo", agregó. "La energía nuclear nos ayudará a cumplir con dos desafíos energéticos: asegurar el suministro y afrontar el cambio climático", puntualizó.
Entretanto, en España, el presidente del Gobierno insiste en calificarse a sí mismo como "antinuclear". En declaraciones a Onda Cero, el vicepresidente Pedro Solbes ha afirmado que "el debate nuclear no se ha acabado" y ha citado dos "problemas" como los principales impedimentos al desarrollo de nuevas centrales, uno resuelto y otro, el de los residuos, aún abierto.
El primero de los problemas se refiere a la seguridad y, en concreto, a "saber si las centrales son un riesgo en sí mismas", afirmó Solbes. "Yo creo que hoy, con las tecnologías actuales, ese riesgo y esa preocupación hay que desecharla", afirmó. No obstante, queda por resolver la cuestión de los residuos, que entre otros aspectos encarece la energía nuclear.
Solbes se preguntó si esta energía tiene un menor coste, y se respondió que "si no se imputa al coste de la energía el coste de los residuos, sin duda es más barata". Sin embargo, el ministro rechazó los cálculos sobre precios de la nuclear en los que no se tiene en cuenta el coste de los residuos. "Es como decir que no imputamos al ferrocarril el coste de la vía por la que circula", añadió.