El Real Decreto para el reforzamiento del sistema financiero que el Gobierno aprobó el viernes y el BOE publicó al día siguiente podría alargar la agonía del sector al menos dos años más. Éste será el período máximo de tiempo que tendrán las cajas para recomprar la deuda contraída con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Además, tanto este dinero como el que emitan las entidades en forma de acciones convertibles podrán considerarse core capital a efectos de verificar su solvencia, lo que facilitará su supervivencia sin necesidad de llegar a la privatización.
Desde la primera vez que Elena Salgado presentó las líneas maestras de la reforma hasta lo aprobado el pasado viernes, se han sucedido los anuncios del Gobierno sobre las diferentes modificaciones que iba a sufrir el texto. Y todas han ido en la misma dirección: facilitar a las cajas escapar de la privatización. La propia ministra lo reconocía durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, admitiendo que se había "suavizado" el texto, aunque "muy poco", matizaba. La redacción final también ha sido aprobada (al menos públicamente) por el Banco de España que, a través de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha calificado de "necesaria" la reforma.
Las dos vías de escape
De esta manera, la reforma abre dos puertas que pueden servir de vía de escape a las entidades en dificultades. La primera tiene que ver con la consideración de core capital. Salgado insistió el viernes en que se mantenían las exigencias de solvencia anunciadas para todo el sistema financiero: 8% de core capital en general y 10% para entidades que no tengan al menos un 20% de acciones en manos de inversores (esto va dirigido a las cajas).
Eso es cierto, pero lo que supone un cambio de escenario es que el Gobierno permite a las cajas que hasta el 25% de su capital esté compuesto de acciones convertibles. Y la deuda en instrumentos susceptibles de convertirse en acciones ordinarias antes del fin de 2014 contarán como core capital a efectos de llegar a ese 10%.
En segundo lugar, el Real Decreto permite contabilizar como core capital la cantidad prestada hasta ahora por el Frob. De esta manera, el dinero que el Estado les entregue (una deuda) también cuenta para alcanzar ese 10% que muchos de los directivos de las cajas consideran tan penalizador.
Además, Economía introdujo la posibilidad de que las entidades recomprasen sus acciones en los primeros dos años tras la ayuda del Frob o que recomendasen a "terceros inversores" para que fuera a éstos a los que se les vendiese esta participación. Por lo tanto, éste es el margen que tendrán las entidades para intentar salvarse de una privatización. Al final, todo esto no deja de ser alargar la agonía dos años más, durante los que las entidades harán todo lo posible por mantener su actual estatus.
¿Privatización?
Porque al final, toda la polémica de las cajas de ahorros se resume en la cuestión de si tendrán que ser privatizadas o no. La primera intención del Gobierno era forzar esta situación. Por eso, estableció una serie de estrictos pasos que llevaban a las entidades directamente por ese camino.
Primero, tenían que convertirse en bancos y dejar la obra social para su fundación. De esta manera, tendría que repartir su capital en acciones, incluso aunque el 100% de esa nueva entidad siguiera en manos de la fundación. Una vez que este paso estuviera completado (y casi todos los grupos que han ido surgiendo han anticipado que lo llevarán a cabo), las cajas podían buscar financiación vendiendo sus participaciones a inversores: y el Gobierno estableció que tenía que ser al menos un 20% para necesitar sólo un 8% de core capital.
Como se preveía que algunas tendrían dificultades, se admitió que el Frob entrase en el capital de las entidades a las que ayudase (una nacionalización encubierta) con la vista puesta en sanearlas para luego venderlas al sector privado.
Sin embargo, ahora surgen muchas más dudas. En primer lugar, se amplía el plazo para salir a Bolsa (buscar inversores) hasta marzo de 2012. En segundo, como decíamos arriba, se permite a las cajas recomprar o buscar a quien recompre la ayuda del Frob (que estará en forma de acciones). De esta manera, incluso las comunidades autónomas se podrían postular como caballeros blancos de sus propias cajas.
Todos estos cambios han hecho que lo que hace unas semanas se preveía como una privatización express de las cajas, que estaría completada antes del fin de 2011, se plantee en estos momentos como un proceso mucho más largo, en el que las entidades con más presión política lucharán a brazo partido por mantener el control de los nuevos bancos (incluso aunque tengan que vender una participación minoritaria de éstos).
Despidos y cierre de sucursales
En cualquier caso, las entidades tendrán que ajustar su negocio y desnudar sus balances ante el Banco de España y ante los inversores. Tanto si quieren vender una participación minoritaria como si están dispuestas a ceder el control de la nueva entidad, será necesario que expongan sus vergüenzas. El Banco de España ha cifrado en unos 217.000 millones los préstamos al sector inmobiliario y promotor, de los que 173.000 son créditos y 44.000 activos en poder de los bancos (solares, pisos, etc...). Según los cálculos del regulador, unos 100.000 millones estarían en peligro.
Además, el proceso de concertación (se ha pasado de 45 entidades a 17) llevará aparejado, inevitablemente una reducción del número de sucursales y empleados. El Banco de España apuesta por el cierre de hasta el 25% de las oficinas (unas 6.000 sucursales) y por el despido de hasta el 18% de personal.