Elena Salgado ha comparecido junto a su número dos, José Manuel Campa, en la tarde del lunes en Madrid. El objetivo de la rueda de prensa era detallar el nuevo plan para el sector financiero que el viernes adelantó el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Ya se habían filtrado algunos de los detalles del plan, pero este lunes Salgado ha querido poner negro sobre blanco cómo será este cambio normativo.
La novedad más importante es la obligatoriedad de conversión en banco para las entidades que no cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno. Además, Salgado ha puesto una fecha: en otoño, los bancos y las cajas tendrán que presentar ante el Banco de España su balance y aquellos que no tengan un Core Capital del 8% (en relación con sus balances a 31 de diciembre de 2010) serán recapitalizados obligatoriamente por el Gobierno a través del Frob.
De hecho, el escenario que ha presentado la ministra de Economía parece encaminar a las cajas a convertirse en bancos antes de que acabe el año. El Gobierno no incluirá una disposición para obligar a la privatización de forma expresa, pero las normas presentadas este lunes dejan pocas alternativas a la mayoría de las entidades.
Las tres etapas
El camino de las entidades hacia la privatización (total o parcial) consta de tres etapas que Salgado ha dejado muy claras en su comparecencia.
En primer lugar, el Ejecutivo incrementará el nivel mínimo de Core Capital que tendrán que mantener las entidades al 8%. Esta cifra, en estos momentos, marca la media del sector, por lo que hay que suponer que muchas y cajas no lo cumplirían a día de hoy.
Para que consigan llegar a ese nivel, Salgado da a las cajas un margen que llegará hasta septiembre, cuando tendrán que presentar sus cuentas ante el Banco de España. Las entidades podrán buscar en el mercado la capitalización necesaria. En la Ley se prevé que inversores privados puedan entrar en el capital de las cajas, pero es difícil que haya muchos dispuestos a hacerlo si siguen bajo el control de los políticos.
El tercer paso hacia la privatización llegará en septiembre, cuando el Gobierno obligue a las entidades que no hayan conseguido el capital mínimo a aceptar el rescate del Frob, que ejercerá los derechos políticos que le correspondan. Salgado ha advertido que esta ayuda será temporal (cinco años) y que las entidades tendrán que convertirse en banco para acceder a la misma. Además, tendrán que modificar la composición de sus órganos de gobierno para facilitar que haya inversores privados que estén dispuestos a sustituir al Frob. La vicepresidenta ha hablado de "profesionalización", en una metáfora que indica que el actual sistema de reparto de poder tiene los días contados.
¿Qué significa convertirse en banco?
Una de las confusiones más habituales en este tema tiene que ver con la conversión en bancos de las cajas de ahorros. Normalmente, cuando se habla de esta figura todo el mundo piensa en una privatización total y no tiene por qué ser así.
En principio, la conversión en bancos sólo implica que la propiedad de las cajas pasa a contabilizarse en acciones que pueden ser vendidas en el mercado. De hecho, los SIP formados por varias entidades en los últimos meses ya tenían la forma jurídica de un banco (pero no había mucha diferencia con la situación anterior porque el 100% de las acciones estaba en propiedad de las cajas que formaban el SIP).
Las entidades que se conviertan en bancos, podrán vender parte de sus acciones a los inversores privados interesados. En ese caso, las fundaciones de las cajas podrían quedarse como accionistas de estas nuevas entidades. A cambio de su ayuda financiera, los inversores obtendrían un porcentaje en el capital de ese nuevo banco y puestos en sus órganos de dirección.
En este sentido, la cuestión clave será si las cajas logran mantener su posición como accionistas mayoritarios de esos nuevos bancos. Por un lado, políticos autonómicos y municipales, así como los sindicatos, presionarán para que asi sea. El problema es que será más difícil encontrar dinero si los inversores no tienen la seguridad de que la gestión quedará en sus manos (o, al menos, que más del 50% de las acciones están en el mercado).
Además, la pura necesidad puede obligar a las cajas a buscar a alguien que aporte más del 50% del capital, entregando de esta manera el control a los nuevos inversores. La fundación se quedaría, en este caso, con una participación minoritaria en la nueva entidad y podría seguir desarrollando su obra social.