LD (Europa Press) Durante un discurso ante la Asociación de Periodistas de la Información Social (AJIS) en el Senado, Sarkozy aseguró que "existen tres certezas" en torno al Estado del Bienestar. Primero, que el sistema "no es sostenible financieramente" y "desmotiva al trabajador", y, segundo, que no garantiza "la igualdad de oportunidades". Frente a ello, el "nuevo contrato social" del presidente francés, que reformará un sistema que produce "más injusticia que justicia": "el trabajo, el mérito y la igualdad de oportunidades".
En esta línea, Sarkozy reclamó al Gobierno una reforma "sin demora" del régimen especial de jubilación de los funcionarios, con el objetivo de "armonizarlos" con los sistemas de jubilación de los empleados de empresas privadas. "Es una cuestión de equidad", es "ineluctable", defendió el presidente de la República, que adelantó que se suprimirá la edad de jubilación obligatoria -los 65 años- y se gravará con impuestos la prejubilación. Con este fin, según informaciones del diario galo "Le Monde", el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, propondrá, a partir del miércoles, una serie de principios de armonización a los agentes sociales.
Sin embargo, el punto más espinoso de la reforma son las pensiones de los funcionarios públicos, que cuentan con unos privilegios que datan de antes de la II Guerra Mundial, cuando algunos sectores eran considerados vitales para los intereses de Francia. Así, los empleados del Estado, como los trabajadores de las empresas del transporte público o de las compañías eléctricas y gasísticas -más de un millón de trabajadores y otro 1,1 millones de retirados- se benefician de un régimen especial que les permite jubilarse a la edad de 50 años, igual que pueden hacerlo los parlamentarios, empleados del Banco de Francia y de la Comedie Française, el Teatro Nacional, con una remuneración económica superior a la normal.
La jornada de 35 horas
Además, Sarkozy anunció la flexibilización "ineludible" de la jornada de 35 horas laborales por semana, que se unirá a la ley, aprobada este mismo verano, que exime de impuestos las horas extras. A juicio del presidente francés, esta medida "dará mayor importancia a la negociación empresarial y sindical en la determinación de la duración de la jornada de trabajo". En cuanto al contrato de trabajo, Sarkozy criticó la "línea Maginot" que supone la ley a la hora de romper un contrato, a lo que atribuyó problemas como la deslocalización y la falta de creación de empleo, por lo que propuso que, a partir de ahora, prime la ruptura negociada.