LD (EFE) En un auto, la juez Teresa Palacios pide a las partes que presenten sus escritos de acusación para ordenar la apertura de juicio oral y desoye, por tanto, la petición del fiscal, que solicitó el cierre del proceso por considerar que los pagos no fueron ilícitos porque contaban con la aprobación de los accionistas. Palacios argumenta que ambas retribuciones –de 43,75 millones de euros a Amusátegui y 108 millones a Corcóstegui– fueron "indebidas" y supusieron "un perjuicio económico" a los accionistas y explica que pudieron constituir un delito de administración desleal, castigado con penas de prisión de entre seis meses y cuatro años o multa de hasta el triple del beneficio obtenido.
El SCH, que presentará recurso, ha mostrado su "total discrepancia" con la decisión y argumentos de la juez y ha destacado que las investigaciones han demostrado que los pagos fueron "totalmente legales", "transparentes", verificados por los auditores, detallados en las cuentas anuales y aprobados por los accionistas. Sin embargo, la juez entiende que los estatutos del banco no contemplan la posibilidad de abonar cuantía alguna por el cese de actividades y asegura "no comprender qué facultades" tiene Botín para acordar con Amusátegui el pago de los 43,75 millones de euros "a las puertas de una fusión".
Botín y Amusátegui acordaron el pago que percibiría el segundo al dejar el banco el mismo día que firmaron la fusión del Santander y el BCH. Palacios considera "nulos" los contratos que dieron lugar a ambos pagos y explica que son ilícitos porque los imputados se extralimitaron en sus funciones , "detrajeron" de las cuentas del banco esas cuantías y produjeron un perjuicio económico a los accionistas. El hecho de que el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas del banco aprobaran estos contratos no los convierte en legítimos, asevera la juez, que recuerda que otros ex altos cargos del banco, en "idéntica situación" que Amusátegui y Corcóstegui, no cobraron cuantía alguna al dejar la entidad.
Los responsables del banco que declararon en la Audiencia explicaron que el pago a Amusátegui fue un premio por su labor durante la presidencia del BCH y, posteriormente, del BSCH, argumento que no acepta la juez al asegurar que esta labor "se supone ya remunerada" con su sueldo. La juez justifica, además, que no entiende que éste adelantara medio año su salida del banco si su labor era tan magnífica como para merecer ese pago.
Sobre la remuneración de 108 millones de euros a Corcóstegui, el banco ha defendido durante el proceso que corresponde a sus derechos de jubilación y a una bonificación por no trabajar para otra entidad en los diez años posteriores a su salida del banco. La juez asegura al respecto que el ex consejero delegado ya tenía obligación de mantener la confidencialidad después de cesar en sus funciones sin necesidad de que se le pagase más por ello y -añade- que su contrato se redactó de manera que tuviera derecho a percibir unas cantidades que no hubiera cobrado si se hubieran aplicado los estatutos de manera estricta.
Los orígenes del caso: Franco Otegui y Pérez Escolar
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario. Este delito, según el denunciante, se produjo cuando el banco pagó a Amusátegui el citado bono por anticipar su salida de la presidencia del SCH. Posteriormente, en marzo de 2003, la juez incorporó a la causa el pago de 108 millones a Corcóstegui -de los que percibió 56 millones netos- como consecuencia de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar.
El SCH, que presentará recurso, ha mostrado su "total discrepancia" con la decisión y argumentos de la juez y ha destacado que las investigaciones han demostrado que los pagos fueron "totalmente legales", "transparentes", verificados por los auditores, detallados en las cuentas anuales y aprobados por los accionistas. Sin embargo, la juez entiende que los estatutos del banco no contemplan la posibilidad de abonar cuantía alguna por el cese de actividades y asegura "no comprender qué facultades" tiene Botín para acordar con Amusátegui el pago de los 43,75 millones de euros "a las puertas de una fusión".
Botín y Amusátegui acordaron el pago que percibiría el segundo al dejar el banco el mismo día que firmaron la fusión del Santander y el BCH. Palacios considera "nulos" los contratos que dieron lugar a ambos pagos y explica que son ilícitos porque los imputados se extralimitaron en sus funciones , "detrajeron" de las cuentas del banco esas cuantías y produjeron un perjuicio económico a los accionistas. El hecho de que el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas del banco aprobaran estos contratos no los convierte en legítimos, asevera la juez, que recuerda que otros ex altos cargos del banco, en "idéntica situación" que Amusátegui y Corcóstegui, no cobraron cuantía alguna al dejar la entidad.
Los responsables del banco que declararon en la Audiencia explicaron que el pago a Amusátegui fue un premio por su labor durante la presidencia del BCH y, posteriormente, del BSCH, argumento que no acepta la juez al asegurar que esta labor "se supone ya remunerada" con su sueldo. La juez justifica, además, que no entiende que éste adelantara medio año su salida del banco si su labor era tan magnífica como para merecer ese pago.
Sobre la remuneración de 108 millones de euros a Corcóstegui, el banco ha defendido durante el proceso que corresponde a sus derechos de jubilación y a una bonificación por no trabajar para otra entidad en los diez años posteriores a su salida del banco. La juez asegura al respecto que el ex consejero delegado ya tenía obligación de mantener la confidencialidad después de cesar en sus funciones sin necesidad de que se le pagase más por ello y -añade- que su contrato se redactó de manera que tuviera derecho a percibir unas cantidades que no hubiera cobrado si se hubieran aplicado los estatutos de manera estricta.
Los orígenes del caso: Franco Otegui y Pérez Escolar
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario. Este delito, según el denunciante, se produjo cuando el banco pagó a Amusátegui el citado bono por anticipar su salida de la presidencia del SCH. Posteriormente, en marzo de 2003, la juez incorporó a la causa el pago de 108 millones a Corcóstegui -de los que percibió 56 millones netos- como consecuencia de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar.