Ya está aquí. En su objetivo de combatir la competencia fiscal entre autonomías, el Gobierno limita en gran medida las rebajas y supresión de impuestos aprobadas en algunas CCAA, como la Comunidad de Madrid. El proyecto de ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómico remitido a las Cortes recoge las exigencias del tripartito catalán en materia fiscal.

Tal y como avanzó Libertad Digital, Zapatero ha cedido, finalmente, a las reivindicaciones nacionalistas de los catalanes, al eliminar, de facto, la supresión de Sucesiones y Donaciones en algunas regiones.

Según informa este miércoles el diario Expansión, en un artículo firmado por Carlos Cuesta y David Gracia, "el texto definitivo remitido a las Cortes se configura como un ataque contra las rebajas fiscales abordadas por las comunidades populares y encabezadas por Esperanza Aguirre en Madrid".

"Las rebajas de Sucesiones y Donaciones se descontarán de los fondos que perciban las autonomías. Pero, sobre todo, las personas que pretendiesen acogerse a estos incentivos pueden tener que acabar pagando el impuesto. La reforma, tal y como plasma el articulado, dificulta la capacidad de las autonomías para competir por la captación de patrimonios y sucesiones por medio de una fiscalidad más atractiva".

El Gobierno ha incluido dos mecanismos básicos para contentar al tripartito catalán en esta materia. Así, según el proyecto de ley que modifica la financiación de las Comunidades Autónomas, los gobiernos regionales "no adoptarán medidas [fiscales] que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos, y mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional".

De este modo, el Estado se reserva la función de "árbitro" en materia de competencia fiscal entre autonomías, tal y como venía reclamando desde hace tiempo el consejero de Economía de la Generalidad catalana, Antoni Castells. Con esta cláusula, el Gobierno exige mantener una presión fiscal homogénea en todo el país, desincentivando así las rebajas impositivas que disfrutan los contribuyentes de algunas regiones.

Y es que, aquellas CCAA que bajen impuestos serán castigadas por el Gobierno central en el reparto de fondos al descontar ese dinero de la financiación autonómica.

Por otro lado, el nuevo modelo de financiación modifica determinadas normas tributarias. Así, el artículo 28 del proyecto de ley establece que "no producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos".

Sube, de facto, Sucesiones y Donaciones

Además, si bien hasta ahora tan sólo era necesario permanecer un año en un territorio para tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a partir del 1 de enero de 2010, este plazo se ampliará a cinco años.

Es decir, un contribuyente catalán tendrá que pagar el tributo de Sucesiones y Donaciones que marque la Generalidad durante los cinco años siguientes al traslado de residencia a otra región, pese a que esta última haya eliminado dicho impuesto (es el caso de Murcia, Madrid, Valencia, Cantabria, Castilla y León, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja o Canarias).

Por si ello fuera poco, "se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio", cuando concurran determinadas circunstancias, limitando así, en gran medida, los beneficios fiscales derivados del cambio de residencia a otra región con impuestos más bajos.

En definitiva, un golpe mortal a una competencia fiscal entre autonomías que el tripartido ha insistido en tildar de "dañina". Con estas modificaciones, el Gobierno se pliega a las exigencias de los nacionalistas catalanes, preocupados por la fuga de capitales de su región, al tiempo que favorece a las comunidades forales (País Vasco y Navarra), cuya baja fiscalidad había perdido atractivo en los últimos años como resultado de las rebajas tributarias aprobadas por territorios limítrofes (La Rioja, Cantabria o Castilla y León).