El Ejecutivo echó mano de firmeza contra ETA para cerrar la herida abierta hace cinco días en el Comité Ejecutivo del PP. Aunque dijo hablar "en nombre del Gobierno, no de ningún partido", Soraya Sáenz de Santamaría intentó zanjar una polémica que se ha ido agrandando pese a la orden de Génova de apagar el incendio y que, en palabras de Esperanza Aguirre, ha causado un hondo descontento en las bases de la formación.
Consciente de que aún brota sangre, la vicepresidenta se acogió a los términos más contundentes para intentar tranquilizar a los sectores más reacios con los pasos del Ministerio del Interior, principalmente en el caso de Bolinaga: "No se negocia nada, no se pacta nada, no se cede nada porque dejen de ser terroristas", dijo sobre la petición de los presos etarras de ir más allá. Pero no solo eso; la vicepresidenta aseguró que se utilizarán "todos los instrumentos del Estado" para que ETA se disuelva lo antes posible. Y esto supone, por ejemplo, continuar con las detenciones.
En cuanto al demoledor auto del fiscal en contra de la libertad de Bolinaga y apuntando con el dedo al juez José Luis de Castro, la portavoz del Gobierno no quiso decir más que respeta la actuación de la Justicia. Al menos sí se pronunció, habida cuenta de que el pasado viernes optó por no hacer comentarios en pleno torbellino político. "Nos encontramos en un proceso judicial", recordó, a la par que enfatizó que desde la Moncloa se respetarán "las decisiones judiciales que se produzcan en este caso".