La imputación por la vía penal de un miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, conocidos popularmente como antidisturbios, por su actuación al identificar a los antisistema que participaban en una asamblea no comunicada del 15-M el pasado mes de septiembre en el parque de El Retiro de Madrid, ha provocado un profundo malestar en el seno del cuerpo.
La Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha exigido que los agentes de esta unidad no se conviertan en el "chivo expiatorio" de las "decisiones políticas" tomadas por los miembros del Gobierno, en cualquiera de sus estructuras, ya que esto "no hace sino sembrar la apatía, el desánimo y el desencanto" entre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
"Como quiera que los asambleístas reunidos en el lugar reseñado carecían de la autorización gubernativa correspondiente por no haber sido solicitado en tiempo y forma, como establecen los requisitos legales", el agente ahora imputado fue enviado en una dotación al parque madrileño y "en cumplimiento de su mandato Constitucional, se procedió a llevar a cabo la identificación, dando cuenta a la Autoridad Gubernativa para los efectos procedentes", explica el sindicato policial.
"En modo alguno cuestionamos o ponemos en duda las actuaciones judiciales, más bien todo lo contrario", indican desde ASP, aunque recuerdan que "si tenemos que dar nuestro apoyo a quienes compartiendo funciones y profesionalidad, no hacen sino actuar en estricto cumplimiento de garantizar el orden y la seguridad ciudadana, y como garantes del ordenamiento jurídico que mandata la Carta Magna, actúan por mandato de la Autoridad Gubernativa correspondiente".
En esta línea, el sindicato policial ha demandado al Gobierno "la máxima implicación en la defensa jurídica de quien ahora se ve imputado por cumplir las órdenes estrictas impartidas por sus superiores".