El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha hablado en esNoticia, de esRadio, sobre la reforma educativa emprendida por el Ministerio que dirige José Ignacio Wert y sobre las enmiendas que su formación ha planteado al PP.
En la misma línea de su intervención de este jueves en la Comisión de Educación, Gorriarán ha señalado que la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "da más poder a las comunidades autónomas y no menos". Y es que las CCAA "acaban decidiendo prácticamente el 50% del currículo" y "bastaría con que decidieran el 20%".
Ya lo dijo ayer el diputado magenta: "El ideal es que exista un único sistema educativo aunque su gestión esté descentralizada", que además supondría un menor coste. "Nos ahorraríamos, por ejemplo, 17 consejerías educativas", añadió en esRadio.
A pesar de que el PP aceptó varias de sus enmiendas, en concreto una que afecta a los directores de los centros educativos, en el partido que lidera Rosa Díez no están de todo conformes con cómo ha quedado recogido este tema en la 'ley Wert'. Y es que las Administraciones van a tener un peso importante en sus nombramientos. "Ya sabemos cómo actúan los nacionalistas; en el País Vasco vamos a tener directores de centros que van a ser nombrados por Bildu", se lamentó.
La figura del profesor, como la del "policía"
Además esto es contradictorio con la propuesta del PP de otorgar una mayor autonomía a los colegios y profesores. Para la formación magenta queda mucho recorrido que hacer en este punto. Gorriarán sí se mostró satisfecho porque se haya incluido otra de sus enmiendas que otorgan al maestro el estatus de "autoridad pública". "Va a pasar a ser lo mismo que un policía", explicó.
Sobre el bilingüismo y la posibilidad de que el castellano sea también lengua vehicular de la enseñanza (el PP aceptó una enmienda propuesta por UpyD), Gorriarán afirmó que les "sigue pareciendo insuficiente". Tenían "otras que profundizaban más", que obligaba a los colegios a "ofrecer a las familias itinerarios" en las dos lenguas. “(El castellano) no estaba garantizado, ahora por lo menos sí”. “En Cataluña se le niega el derecho a las familias” a educar a sus hijos en castellano; a partir de ahora “esa comunidad autónoma estará incumpliendo la ley” y por tanto los padres “podrán reclamar” a la Administración.