El último día en el que vencía el plazo para recurrir la sentencia del caso Faisán el PP se decidió a hacerlo. La formación política ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo sus intenciones de recurrir la sentencia del caso Faisán donde la Audiencia Nacional condenó al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros a un año y medio de prisión por un delito de revelación de secretos a la par que los absolvió de un delito de colaboración por banda armada.
Los populares, que ejercen de acusación popular en la causa, solicitaron durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional que los mandos policiales fueran condenados hasta a 8 años y medio de cárcel por colaboración con ETA.
Por esta razón, el PP ha presentando ante el Tribunal Supremo "en tiempo y forma" el escrito en el que anuncia la interposición del recurso de casación, al entender que la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional "no es ajustada a derecho".
En ese escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, esta parte alega que "los hechos que se declaran probados" en la sentencia "incurren en infracción de ley" y, que por lo tanto, se han infringido "normas penales de carácter sustantivo en la apreciación" de esos hechos. Junto al PP, han anunciado recursos las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
No recurrirá finalmente este fallo el Ministerio Fiscal. Una de las razones es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza siempre ha defendido que detrás del soplo del bar Faisán no hubo colaboración con la banda terrorista. Fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien obligó en su día al fiscal del caso, Carlos Bautista, a acusar a Pamies y Ballesteros por dicho delito penado con hasta diez años de prisión.
Por su parte, el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies también ha recurrido este jueves dicha resolución judicial ante el Alto Tribunal alegando "error en la apreciación de la prueba" que justificó la resolución.
Así consta en un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se subraya que la sentencia vulneró el "derecho a un proceso con todas las garantías", recogido en el artículo 24 de la Constitución, "al haberse utilizado como base de la condena el contenido de un vídeo y del balizamiento de un vehículo (el del dueño del 'Faisán', Joseba Elosúa) que se ha incorporado a la causa vulnerando el derecho a un proceso con garantías, sin respetar las formalidades legales para su incorporación como prueba de cargo".