Un mes y medio después de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) sobre la Doctrina Parot, los terroristas de ETA más sanguinarios y a los que les fue aplicada esta doctrina judicial siguen saliendo de prisión. Este martes, la Audiencia Nacional aprobó que lo hicieran catorce etarras, pese a que la Fiscalía lo solicitó para dieciséis.
Entre los terroristas que saldrán en las próximas horas se encuentran Javier Martínez Izaguirre, mano derecha del sanguinario Gadafi y asesino de un niño de tan sólo dos años; Ignacio Erro Zazu, quien fuera condena a casi mil años de cárcel o el matrimonio asesino de ETA, Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga.
Los otros diez terroristas excarcelados son Jesús María Mendinueta Flores, Iñigo Acaiturri Irazabal, Bautista Barandalla Iriarte, Santos Berganza Cendegui, Juan Ignacio Delgado Goñi, Nicolás Francisco Rodríguez, Ignacio Orotegui Ochandorena, Juan Antonio Urquizu Ormazábal, José Ángel Viguri Camino e Inmaculada Pacho Martín.
Jesús María Mendinueta Flores Manu. Fue condenado a 584 años de prisión. Miembro del grupo Vizcaya de ETA fue detenido en agosto de 1991 tras un tiroteo con la Ertzaintza en el que murió el agente Alfonso Mentxaka Lejona y el propio Mendinueta Flores resultó herido. En 1994 la Audiencia Nacional lo absolvió por falta de pruebas y, tras ser puesto en libertad, se dio inmediatamente a la fuga.
Detenido nuevamente en Francia en marzo de 1999 fue extraditado a España en 2011. Tenía prevista su salida de prisión en junio de ese año, pero la aplicación de la Parot aumentó en diez años su condena (hasta 2021). Está en la prisión de Zuera, donde se agrupa a los presos que han mostrado un cierto rechazo por la violencia terrorista.
Mendinueta Flores fue el que confeccionó el artefacto explosivo con el que Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, asesinó en Baracaldo al policía nacional José Manuel Cruz Martín el 8 de abril de 1991. Dos meses después, el 13 de junio de 1991, participó con Gadafi y Juan Manuel Ormazábal, Turco (fallecido en agosto de 1991) en el asesinato del guardia civil Ricardo Couso Ríos en Valle de Trápaga delante de su hijo de 9 años al que había ido a recoger al colegio.
En 1995 Mendinueta Flores fue condenado por participar en el tiroteo entre etarras y Ertzainza en el que resultó muerto Alfonso Mentxaka Lejona el 29 de agosto de 1991. Mendinueta Flores fue absuelto por falta de pruebas en otros dos atentados: el cometido el 2 de septiembre de 1990 con un coche-bomba kamikace en el que fallecieron dos guardias civiles: José Manuel Alba Morales y Luis Alberto Sánchez García; y el asesinato en Ortuella del guardia civil Francisco Álvarez Gómez el 9 de mayo de 1991.
Iñigo Acaiturri Irazabal. Perteneció al grupo Eibar de ETA. Fue detenido en 1989 y condenado a 60 años de cárcel en 1992 por el asesinato el 20 de marzo de 1986 de José Ignacio Aguirrezabalaga de la Granja, cuñado de Jean Pierre Chérid, considerado uno de los cabecillas de los GAL.
Bautista Barandalla Iriarte. Miembro del grupo Amaiur de ETA, fue condenado a 75 años por asesinato, tentativa de asesinato y depósito de armas. El 17 de octubre de 1987 una bomba colocada en la sede de La Unión y El Fénix en Pamplona alcanzó a la repartidora de periódicos María Cruz Yoldi, que falleció en el acto. Por este atentado Barandalla fue condenado a 27 años de cárcel y a otros 14 por estragos y pertenencia a banda armada.
Santos Berganza Cendegui. Perteneció a la primera promoción de la Ertzaintza. Fue condenado a 60 años por colaboración con organización terrorista (facilitó información sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional) y tentativa de asesinato. Detenido en 1989, desde la cárcel se mofó del asesinato de Miguel Ángel Blanco. La aplicación de la doctrina Parot tendría que haber retrasado su salida de la cárcel a 2019.
Juan Ignacio Delgado Goñi. Fue detenido en 1991 y condenado a 128 años por tentativa de asesinato, ocho delitos de terrorismo, tenencia de armas y explosivos. Además de la colocación de explosivos en las vías férreas de RENFE, está acusado de numerosos atentados con bomba contra concesionarios de automóviles y del envío de un paquete bomba, que fue desactivado, al teniente coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, uno de los principales responsables de la lucha antiterrorista.
Nicolás Francisco Rodríguez. Fue condenado a 114 años por dos asesinatos, depósito de armas, tenencia de explosivos y pertenencia a banda armada. Fue integrante del grupo Buruntza de ETA que el 27 de noviembre de 1980 asesinó en San Sebastián al teniente coronel del Ejército y jefe de la Policía Municipal Miguel Garciarena Baraibar. Un mes después, el 31 de octubre de 1980 participó en el secuestro y asesinato en Hernani del abogado donostiarra José María Pérez López de Orueta.
Ignacio Orotegui Ochandorena. Fue condenado a 206 años por asesinato, asesinato frustrado, atentado y detención ilegal. El Tribunal Constitucional rechazó en 2012 su recurso contra la aplicación de la doctrina Parot. Integrante del grupo Ipar Haizea de ETA, participó en el asesinato del Guardia Civil jubilado José Herrero Quiles (junto a los excarcelados el pasado 14 de noviembre de 2013 Pedro María Rezabal Zurutuza y Miguel Turrientes Ramírez) al que dispararon dos tiros cuando salía de un bar en la calle Ignacio de Loyola de Lasarte (Guipúzcoa). En el momento de los hechos, la víctima iba acompañado por uno de sus hijos, Juan José, que tenía 19 años.
Juan Antonio Urquizu Ormazábal. Fue condenado a 41 años por el asesinato el 2 de mayo de 1986 en San Sebastián del jubilado Enrique Moreno Arguilea, miembro del Partido Comunista de los Pueblos de España. Unos días después ETA emitía un comunicado en el que admitía que se había equivocado de objetivo, pues había confundido a la víctima con un policía. Por el atentado contra Enrique Moreno fueron condenados en 1987 Francisco Javier Sagarzazu Mendibe y Juan Andrés Urquizu Ormazábal a sendas penas de 29 años de reclusión mayor como autores materiales de un asesinato con premeditación y alevosía. Urquizu alegó que había confesado el asesinato bajo tortura. Sin embargo, la condena fue confirmada por el Tribunal Supremo, que desestimo el recurso interpuesto por el etarra.
José Ángel Viguri Camino. Miembro del grupo Araba de ETA, fue detenido en septiembre de 1989 y condenado a 59 años por atentado con muerte, un asesinato frustrado, estragos y colaboración con banda armada. De esos años, 51 se corresponden a la condena en 1991 por atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio en 1988. Anteriormente, Viguri había sido condenado por pertenencia a banda armada.
El terrorista realizaba también funciones de traslado del grupo Araba de un lugar a otro, y acogió en su casa a Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra. En 2011 fue operado de un cáncer de próstata y en 2012 solicitó a Instituciones Penitenciarias su libertad condicional debido a que la cárcel podía influir negativamente en la enfermedad que padecía. El Ministerio del Interior, por su parte, desestimó el recurso al considerar que no se encontraba en estado terminal.
Inmaculada Pacho Martín. Detenida en 1991 junto a Fernando del Olmo Vega, ambos se confesaron autores de 6 asesinatos cometidos entre enero de 1988 y septiembre de 1990. Condenada en 9 sentencias a penas que suman 500 años de prisión, habría abandonado la prisión en 2008, aunque la aplicación de la doctrina Parot retrasó su salida hasta el año 2021, cuando se habrían completado 30 años de cumplimiento efectivo.
Fue condenada a 88 años por el asesinato mediante coche-bomba de dos policías (José María Sánchez y Manuel Jódar Cabrera) y un ertzaina (Luis Hortelano) en Bilbao el 24 de mayo de 1989, y a 28 años por el asesinato en Irún del policía nacional Juan Pedro González Manzano con bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo particular el 29 de septiembre de 1989. También fue condenada por el asesinato en Guecho mediante bomba-lapa el 6 de noviembre de 1989 del subcomisario de Policía Eladio Rodríguez García.
No se pudo probar su participación en un atentado con coche-bomba kamikace en el que murieron dos personas en Bilbao el 2 de septiembre de 1990 por el que se pedían 360 años de cárcel, aunque tanto ella como Fernando del Olmo Vega admitieron haber dado la información para cometer el mismo. También con Del Olmo Vega, Pacho Martín fue autora del atentado con coche-bomba que destruyó la comisaría de policía de Burgos y provocó 20 heridos y más de 1.000 millones de pesetas de pérdidas en 1991.