Se trata de Gerardo Urchaga y Sebastián Reyna. Urchaga, que inició su militancia en la Fundación Largo Caballero, fue nombrado por la Fundación Altedia Creade, contratada por la Junta de Andalucía para el proceso de recolocación del colectivo de Delphi, director del Dispositivo de Tratamiento Singular donde se cocinó toda la estrategia de la formación para los ex trabajadores de Delphi.
El Patronato de la Fundación Altedia Creade, inscrita en Cataluña, estaba inicialmente constituido por los siguientes el presidente Josep Pau Hortal Rosell, el vicepresidente Lluis Gavalda Casta, el secretario Francisco Javier Martín de la Fuente y la vocal Creación Asesoría y Desarrollo, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, representada por Josep Pau Hortal Rosell.
Pero además Gerardo Urchaga fue director general de la aseguradora Unial, perteneciente a UGT, cuya gestión provocó un agujero de miles de millones de pesetas y, posteriormente, el descalabro de la cooperativas de viviendas PSV, que terminó con el mandato de Nicolás Redondo al frente de UGT. El consejero delegado de UNial fue en ese tiempo Paulino Barrabés, encarceladop por el caso PSV y finalmente absuelto.
Por su parte, Sebastián Reyna, hombre estrechamente vinculado a UGT -fue secretario de administración desde 1990 a 1998-, saltó a la esfera pública por el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV. Imputado en calidad de responsable de Finanzas de UGT, la Audiencia Nacional le absolvió sin cargos al término del proceso judicial. Sebastián Reyna fue nombrado consejero delegado de IGS después de que el consejo de administración aprobara la dimisión de Carlos Sotos en la presidencia del grupo.
Recordatorio del caso PSV
En 1988 nacía la cooperativa Promoción Social de Viviendas -PSV- avalada por UGT para proporcionar pisos asequibles a 20.000 familias. Al año siguiente, el grupo sociedad Iniciativas de Gestión y Servicios -IGS- quedaba constituido con Carlos Sotos como presidente y llegó a controlar poco después 21 empresas. La gestión nefasta de la PSV y las auditorías revelaron un agujero de 15.000 millones de pesetas en operaciones que no eran construcción de viviendas.
En 1993, Sotos dimitió de presidente de IGS y gerente de PSV, ante el malestar de miles de cooperativistas, y fue sustituido en la cooperativa por el secretario de Administración de UGT, Paulino Barrabés. Luego, Sebastián Reyna y Prudencio García sucedieron a Sotos en IGS. Sotos fue sancionado por el Consejo de Ministros e inhabilitado para ocupar cargos por las irregularidades cometidas en IGS del Mercado Hipotecario.
A finales de 1993, IGS solicitaba suspensión de pagos, y PSV hizo lo mismo dos días más tarde. En enero de 1994, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badalona admitió a trámite la querella contra los responsables de PSV y UGT, por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida. Dos años más tarde, el Consejo de Ministros del gobierno de Felipe González intervino la cooperativa PSV. El plan aprobado por el Gobierno representó un aval de 8.500 millones de pesetas destinados a recomenzar la construcción de viviendas. En junio de ese año, Sotos ingresaba en la cárcel de Carabanchel (Madrid) por presunta estafa y apropiación indebida. Al mes siguiente. el ex presidente de PSV y ex secretario de finanzas de UGT Paulino Barrabés ingresaba en prisión, y quince días después salí de la cárcel bajo fianza de diez millones de pesetas.
En 1998, Sotos, Barrabés, Hernández, Bretón y Reyna fueron imputados en el juicio oral, según las diligencias previas de la juez Teresa Palacios, titular del Juzgado Central número tres de la Audiencia Nacional. Posteriormente, Barrabés y Reyna fueron absueltos.