Después de las dieciséis detenciones por el supuesto fraude en los cursos de formación, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, ha vuelto a defender la honorabilidad del sindicato. "Claro que me preocupa la situación y la imagen que pueda estar dando la organización", ha contestado a preguntas de este diario. Eso sí, ha señalado que "no se puede plantear una descalificación general de toda la UGT por esto". La mayoría de los trabajadores, dice Méndez, son honrados y hacen bien su trabajo.
Palabras del líder de UGT durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, en la sede del sindicato en Madrid donde ha matizado sus declaraciones de este miércoles en las que aseguraba que la Guardia Civil, en este caso, "no es independiente".
"En absoluto niego la profesionalidad de la Guardia Civil", ha señalado. Lo que le llama "poderosamente" la atención, ha continuado, es que el Ministerio del Interior publicara una nota sobre las detenciones cuando el caso está bajo secreto de sumario. "Me crea mucha perplejidad esta actuación porque ni siquiera nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo".
Asumidas todas las responsabilidades
A pesar de que el caso afecta de lleno a la organización en Andalucía, el secretario general de UGT no se plantea cambios a corto plazo en el sindicato. "En la UGT de Andalucía se ha hecho todo lo que se tenía que hacer", ha señalado. Según Méndez, además de un cambio en la dirección del sindicato a principios de año, se han tomado otras medidas como el cambio en "los mecanismos de gestión administrativos" por lo que ya ha habido "un antes y un después". Pide, por tanto, prudencia y esperar a que se desarrolle todo el proceso judicial.
También se ha negado a valorar las informaciones publicadas este jueves en las que varios empresarios aseguran que han cambiado facturas por orden de UGT-A. "Hay que analizar en qué contexto se han hecho esas declaraciones. Yo no lo sé" y ha puesto el acento en que hay otros empresarios que señalan en la prensa regional que las facturas "eran legales, no se inflaban y eran transparentes".