La Fiscalía Anticorrupción ha entregado este martes su informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz donde se posiciona a favor de admitir a trámite la querella que Podemos y Guanyem interpuso contra la familia Pujol aunque el Ministerio Público entiende que el instructor sólo debe investigar al pequeño de los hijos del expresidente de la Generalidad, Oleguer Pujol.
De esta forma, Anticorrupción deja claro que es partidaria de separar las investigaciones a los distintos miembros de la familia Pujol-Ferrusola en vez de abrir una macrocausa en la Audiencia Nacional donde se investigue a todo el clan bajo la dirección de un único juez.
La intención del Ministerio Público es que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz continúe en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 con la causa abierta a Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercedes Gironés mientras el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona continúa instruyendo la querella interpuesta por Manos Limpias contra Jordi Pujol padre y su esposa, Marta Ferrusola, así como otros de los hijos.
Anticorrupción sospecha que, Oleguer Pujol Ferrusola firmó en 2007, cuando contaba tan sólo 35 años, la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.177.382.975,33 euros (más de dos mil millones de euros) empleando la dirección de la casa de su padre pudiendo haber cometido un delito continuado de blanqueo de capitales vinculado a otro contra la Hacienda Pública.
Por el momento, el departamento que dirige el fiscal Antonio Salinas no ha enviado a ningún juzgado las diligencias de investigación sobre el pequeño de los siete hijos de Jordi Pujol i Soley, según informaron fuentes fiscales.
Ahora el juez Santiago Pedraz deberá decidir si admite a trámite la querella del partido de Pablo Iglesias y la asociación Guanyem. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el instructor entendía que antes de admitir a trámite la querella había que "esperar" a que Anticorrupción dijese en qué términos debería hacerlo al llevar otros dos jueces -su compañero Ruz y una juez de Barcelona- sendas investigaciones a otros miembros de la familia Pujol.
En la querella de Podemos se reclama a la Audiencia Nacional que investigue la relación entre las "dos facciones" en las que entienden se divide el clan Pujol: por un lado el empresarial -liderado por Jordi, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola- y, por el otro, el político, encarnado en el propio presidente y su hijo Oriol.
Entre otras diligencias, la querella pide que se investiguen las adjudicaciones públicas a empresas de los hijos de Jordi Pujol mientras éste fue presidente, como Indra o el parque eólico adjudicado a una empresa de Pere Pujol, por lo que aporta certificaciones registrales de una treintena de empresas de la familia para que se indague su historial.