El Gobierno ha aprobado este viernes la reforma procesal que limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho para los sumarios más complejos, y amplía la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.
El Ministerio del Interior podrá decidir, por razones de urgencia, la intervención de las comunicaciones de todo tipo sin autorización previa del juez en la investigación de delitos de especial gravedad. Se trata de una novedad del anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado este viernes el Gobierno y al que ha tenido acceso la agencia Efe. Hasta ahora, esa facultad del Gobierno estaba limitada solo a delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes.
El Gobierno quiere que el ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, puedan acordar "la medida de investigación pertinente" consistente en la intervención, pero "comunicándolo inmediatamente" al juez y, en todo caso, "dentro del plazo máximo de 24 horas".
El Ejecutivo podrá ordenar interceptar este tipo de comunicaciones "cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención". De esta manera, la reforma de la ley amplía la facultad del Gobierno más allá de los casos de terrorismo o bandas armadas.
Estas son las principales novedades que recoge el anteproyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, según ha anunciado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha enmarcado las reforma en el paquete de medidas contra la corrupción anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"Lo que se busca es una agilización de nuestra justicia penal para que no haya ninguna sensación de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo, sino que en unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia", ha explicado en relación a la limitación de la instrucción.
Con la reforma se quiere lograr, además, según Sánez de Santarmía, "recuperar aquello que el corrupto ha podido detraer del dinero público, o ha podido beneficiarse de su actividad delictiva".
Según la vicepresidenta, este es uno de los "elementos troncales y más importante del paquete de medidas anticorrupción" contenido en el paquete que el presidente del Gobierno explicó la semana pasada en el Congreso, donde hizo "un repaso a un programa completo de medidas anticorrupción", muchas de las cuales están ya debatiéndose en el Congreso de los Diputados.