Al descontento entre algunos jueces, fiscales y policías por la nueva adjudicación de plazas de aparcamiento en el Tribunal Supremo se suman ahora el malestar en el seno de los sindicatos de Justicia, que representan a los numerosos funcionarios que trabajan en este órgano judicial.
Tal y como publicó Libertad Digital, las obras de la nueva sede de la Audiencia Nacional han obligado a reducir la disponibilidad de plazas de aparcamiento con las que contaban hasta este martes todo el personal del Supremo para estacionar de forma gratuita sus vehículos en la plaza de la Villa de París, en Madrid.
Hasta ahora, dichas plazas de aparcamiento eran utilizadas por magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios del órgano pero desde el pasado martes no está permitido el estacionamiento en dicho aparcamiento. Para solucionar este problema, el Ejecutivo asumirá de momento el coste de 84 plazas para magistrados en dos aparcamientos privados de la zona.
Tras seis meses de negociaciones entre el Alto Tribunal y el Ministerio de Justicia, la solución que ha adoptado el Gobierno es sufragar el coste de 57 plazas para vehículos particulares de magistrados del Supremo en el parking Villa de París y otras 27 plazas del parque móvil en el aparcamiento del edificio Colón, próximo a la nueva sede de la Audiencia Nacional. Desde esta forma, el Ministerio de Justicia asumirá un coste anual de 113.490 euros en plazas de aparcamiento de jueces.
Malestar en CSI-F y CCOO
Dicha medida ha sido vista con muy malos ojos por los sindicatos de Justicia que consideran que las plazas disponibles deberían haberse repartido de forma equitativa entre todo el personal del Tribunal Supremo.
Desde el sindicato CSI-F cargan contra el Ministerio de Justicia que "somete a la Administración a ajuste económico radical" mientras paga con "fondos públicos" las plazas para los magistrados. Esta organización denuncia además "la discriminación" que están sufriendo los funcionarios que trabajan en dicha sede judicial respecto a los jueces a los que sí se les ha asignado plazas de aparcamiento en el centro de la capital.
En esta línea, CSI-F ha emitido un duro comunicado donde rechaza "que se adopten medidas para permitir el estacionamiento de los vehículos particulares únicamente a unos pocos y de categorías superiores, en perjuicio de la mayoría de funcionarios que prestan sus servicios en el Tribunal Supremo con salarios muchos menores, que se verían obligados a renunciar a la utilización de sus vehículos, o a alquilar una plaza de aparcamiento, con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conllevaría, además de evidenciar una diferencia de clases que no son propias de un país desarrollado como el nuestro".
Una asignación "presuntamente ilegal"
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras ha enviado una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, donde sostiene que todas las modificaciones sobre las plazas de aparcamiento que se establezcan "deben tener en cuenta en igualdad de condiciones a todas las categorías profesionales que trabajan en el Tribunal Supremo, sin distinción, ni decisión favorable para unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría".
En la misiva, CC.OO manifiesta que "si la decisión del Ministerio de Justicia, de acuerdo con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, es abonar 57 plazas de aparcamiento durante todo el año y todas las horas del día, con dinero público, consideramos que esa actuación del Ministerio de Justicia es inaceptable y podría tratarse de una decisión irregular, sino además presuntamente ilegal".
Según ha podido saber Libertad Digital, los sindicatos estudian emprender algún tipo de acción legal contra el Ministerio a cuenta del reparto y coste de dichas plazas de aparcamiento.
Robles apoya a los sindicatos
Por otro lado, la magistrada de la Sala Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, Margarita Robles, ha enviado esta semana una carta a ambas organizaciones sindicales mostrándoles "su apoyo" para un "tema que no es menor y que afecta de lleno a las condiciones de trabajo y a la conciliación de la vida familiar y laboral".
Robles, que ha solicitado pagar de su bolsillo la plaza del parking de la Villa de París que le ha sido asignada, considera que la solución adoptada por el Ministerio para la problemática del aparcamiento genera "una desigualdad absolutamente inaceptable". De momento su petición está siendo estudiada por el departamento que dirige Catalá.