El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha declarado durante cuatro horas este jueves en calidad de imputado en el Tribunal Supremo donde ha negado haber participado en el diseño del sistema de los ERE.
Durante el exhaustivo interrogatorio del instructor Alberto Jorge Barreiro y los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar, el senador ha señalado que no conocía y que no había leído los informes de la Intervención General de la Junta donde se advertía de las múltiples irregularidades en torno al sistema de los ERE, según informan fuentes jurídicas.
Griñán ha sostenido que, por el contrario, cuando esas irregularidades fueron detectadas por su Gobierno se abrieron las correspondientes investigaciones internas en las distintas consejerías y, posteriormente, estos hechos se pusieron en conocimiento de los tribunales de Justicia.
Sin embargo, en la exposición razonada que envió al Alto Tribunal la juez Mercedes Alaya sostuvo que era "imposible" que él y Manuel Chaves desconocieran que este sistema de ayudas era ilegal y añadió que sobre este aspecto había informado hasta el "hartazgo la Intervención".
Durante su comparecencia ante el instructor, Griñán sostuvo que pese a no leer informes de la Intervención pero sí las memorias anuales de control financiero de cada año y que posiblemente lo que falló en los ERE fue el control del gasto.
Según fuentes presentes en la declaración, el interrogatorio ha sido muy técnico y en él Griñán ha distinguido entre la gestión de los presupuestos, defendiendo así el uso de las denominadas "transferencias de financiación" como un sistema "perfectamente legal", y la gestión del gasto, que no era de su responsabilidad sino de la Consejería de Empleo, que entonces dirigía José Antonio Viera.
Un problema de ejecución del gasto
"El pago por trasferencia existe en todas las administraciones", subrayó el socialista enfatizando a su vez en que cómo se aplica y se gestiona cada trasferencia corresponde a un departamento concreto.
De esta forma, el senador explicó en el Supremo que "no es lo mismo" velar por la ejecución del presupuesto que velar por la ejecución del gasto, añadiendo que Hacienda no tiene capacidad para inferir en la gestión de gastos concretos y que no hay modificación presupuestaria que no lleve la firma favorable del Interventor General.
No obstante, el imputado ha reconocido sin tapujos ante el juez que él abandonó la Presidencia del Gobierno andaluz por el escándalo de los ERE asumiendo así una responsabilidad política.
Las transferencias de financiación son los mecanismos de pago de los ERE. Desde la Consejería de Empleo se traspasaban fondos a distintas empresas mediante un procedimiento administrativo con el fin de equilibrar las cuentas de los entes públicos. Sin embargo, a través de estas trasferencias Alaya sostiene que se eludían los controles y se desviaban cientos de millones de fondos públicos.
"Hubo un gran fraude"
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Alto Tribunal, José Antonio Griñán ha señalado que se siente "satisfecho" de poder haber dado sus explicaciones ante el juez y que él no cree que con los ERE hubiera "un gran plan pero hubo un gran fraude y eso significa que alguno de los controles pudieron fallar".
Por otro lado, el imputado ha reflexionado sobre su situación personal que ha calificado de "mala" para él y para su familia y ha añadido que, en su momento, ya asumió su "responsabilidad política" para no perjudicar al PSOE ni a la Junta de Andalucía.
Ante los periodistas, el expresidente andaluz ha afirmado que ha vivido un "calvario" con su implicación en esta macrocausa de corrupción pero ha añadido que confía en la Justicia.
Por su parte, las declaraciones de los aforados nacionales continuarán la próxima semana. El instructor Alberto Jorge Barreiro interrogará al ex presidente Manuel Chaves el 14 de abril; al exconsejero Gaspar Zarrías el día 16 y a la senadora y exconsejera autonómica Mar Moreno, en último lugar 21 de abril.