La ex consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, mano derecha durante años de José Antonio Griñán, confesó ayer que ella tampoco leía los informes de advertencia sobre las irregularidades de los fondos utilizados en el caso ERE que emitió la Intervención General de la Junta de Andalucía. La razón: que se recibían más de cien al año. Antes, ya había confesado que no le pasaba los informes a su consejero de Economía y Hacienda de entonces, precisamente su amigo Griñán.
Su declaración, sorprendentemente, duró menos de una hora, a pesar de la complejidad del caso. El fiscal superior de Andalucía, contrario a que se produjera esta comparecencia, no preguntó.
Esta misma mañana declara José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo y allí podrá defender que no puso en marcha reforma alguna de los procedimientos denunciados por la Intervención porque no conocía los informes que su mano derecha guardó en un cajón.
Confesó además que hacía tiempo que quería declarar ante la Justicia, pero no aclaró por qué no aceptó la invitación de la juez Alaya de hacerlo en su juzgado y sí ha aceptado hacerlo ante el "juez amigo" Pasquau, propuesto por el PSOE para la alta magistratura penal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Martínez Aguayo, imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos, dijo no haberse leído el famoso informe de la Intervención de la Junta (que fueron más de quince) que alertaba de las irregularidades, porque recibía más de 100 informes al año. Según ella, los informes de la Intervención no exigían que se hiciera nada. Sólo comprobaba si eran informes de actuación, esto es, con obligación de ser seguidos y cumplidos, en el caso de que los criterios de la Intervención no fuesen asumidos. Como los informes recibidos no eran de actuación, Martínez Aguayo, según admitió, los pasó por alto sin leerlos. Aun así, destaca ABC, Aguayo reconoció que, aun sin leerlos, dedujo que eran informes sobre diferencias contables entre un organismo y otro.
De todas formas, admitió que el interventor quería cambiar el sistema de transferencias de financiación al sistema de la Encomienda de Gestión, que se implantó en 2010 y que ella no era partidaria del control previo de la Intervención sobre los proyectos.
Tuvo mucho cuidado en declarar que cuando fue nombrada viceconsejera de José Antonio Griñán en Economía y Hacienda, ya estaba en marcha el procedimiento de las transferencias de financiación que dio paso al fondo de reptiles considerado por la juez Alaya como el meollo técnico de la cuestión del caso ERE.
Aguayo respondió a las preguntas del instructor y de su abogado, pero no las de la acusación popular que representa el PP. Como es sabido, la ex consejera volverá a la jurisdicción de la juez Alaya dentro de ocho días cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz a cuyo aforamiento ya no podrá acogerse por no haber sido candidata.