El magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha interrogado este martes durante casi cuatro horas al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, imputado por el fraude de los ERE, para negar cualquier tipo de participación en dicho sistema fraudulento de subvenciones. Ha sido el primero de los aforados en desfilar ante dicho órgano judicial.
Durante la declaración, a la que tenido acceso de forma íntegra Libertad Digital, el ex consejero del Gobierno andaluz ha negado conocer "los requisitos de las ayudas" sociolaborales y económicas concedidas a distintas empresas andaluzas con dinero público así como que las mismas no podían realizarse a través de un "sistema de trasferencias". No obstante, en la exposición razonada remitida por la juez de Sevilla Mercedes Alaya al Supremo ésta le atribuye al imputado un "papel esencial" en el diseño de los ERE.
Sobre este sistema de ayudas ahora investigado, Viera ha recalcado en el Supremo "que no era un sistema para ocultar nada" sino "un conflicto generalizado que motiva que encargue a su equipo la creación de un sistema ágil y legal". "Visto desde ahora", el exconsejero reconoce que "pudieron hacerlo mejor" a la par que añade que "no participó en la estrategia que da dado lugar a la presente causa".
Por su parte, José Antonio Viera ha descargado las posibles responsabilidades judiciales en sus subordinados –asesores, funcionarios de la Administración, etc- citando expresamente en el Alto Tribunal al que fuera su número 3, el exdirector general de Trabajo, Antonio Guerrero, acusado de pagar con dinero de la Junta de Andalucía gastos en cocaína y fiestas.
Vergüenza por cómo se concedían las ayudas
A preguntas de los fiscales del TS encargados del caso Fernando Prieto y Rafael Escobar, Viera señaló que le produce "sorpresa y vergüenza" que las ayudas se concedieran sin convenio sólo con la firma del director general. "En absoluto considero normal que en estos procedimientos no exista ningún tipo de documentación", recalcó.
A lo largo del interrogatorio el imputado ha reiterado en numerosas ocasiones que "su cargo era político" desmarcándose así de los aspectos técnicos del sistema de los ERE . "Yo no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" presupuestarias de la Junta de Andalucía -dijo- o "un consejero no baja al terreno técnico de estas cuestiones", añadió en referencia a la concesión de dichas subvenciones.
En este sentido, Viera ha sostenido que su margen de acción se limitaba a tomar la decisión política de si se debía ayudar o no a determinadas empresas andaluzas aunque "posteriormente era la Dirección General la que da forma a esa ayuda". En otro momento del interrogatorio, a preguntas del juez Jorge Barreiro, el exconsejero señaló que "de profesión es maestro y no tiene formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios, confiaba plenamente en sus subordinados".
Asimismo, el exconsejero de Empleo – que ha eludido responsabilizar de esta fraude masivo a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán- sostuvo ante el magistrado que "su firma no llegaba a ningún documento que previamente no estuviera visado por sus subordinados".
El jueves declarará Griñán
A partir de esta semana, y siempre en martes o jueves, el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, tomará declaración a los cinco aforados en este tribunal por el caso de los ERE: al expresidente José Antonio Griñán le tocará este jueves, al ex presidente Manuel Chaves el 14 de abril; al exconsejero Gaspar Zarrías el día 16 y a la senadora y exconsejera autonómica Mar Moreno, en último lugar 21 de abril.
A todos ellos el instructor les ha citado a las diez de la mañana de los correspondientes días para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas" donde se desviaron más de 855 millones de euros de dinero público.
El Alto Tribunal considera que detrás de estos hechos se pudieron cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos.