A partir de esta semana, y siempre en martes o jueves, el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, tomará declaración a los cinco aforados en este tribunal por el caso de los ERE: hoy lo hará al exconsejero José Antonio Viera, al expresidente José Antonio Griñán le tocará este jueves, al ex presidente Manuel Chaves el 14 de abril; al exconsejero Gaspar Zarrías el día 16 y a la senadora y exconsejera autonómica Mar Moreno, en último lugar 21 de abril.
A todos ellos el instructor les ha citado a las diez de la mañana de los correspondientes días para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".
Antes de comenzar esta ronda declaraciones, el magistrado cuenta ya encima de su mesa con la ampliación de un informe pericial que solicitó a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre el sistema de creación y diseño de los ERE.
El informe inicial de la IGAE, realizado a petición de la juez Alaya, ponía en entredicho las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y discrepaba de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Por su parte, el análisis aportado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago -encargados de elaborar una contra pericia de parte por los letrados de Chaves y Griñán- defiende que no existieron irregularidades en las transferencias de financiación y que éstas se realizaron en el marco de la gestión de fondos ajustándose a la legalidad.
El juez ya cuenta con los documentos
Asimismo, Alberto Jorge Barreiro tiene en su poder también los documentos que solicitó el pasado mes de febrero al Gobierno andaluz: en concreto, los documentos firmados dentro de las Consejerías de Empleo que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos para dar trámite a las ayuda; la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Andalucía en los que decidió remitir el Proyecto de la Ley de Presupuestos al Parlamento de Andalucía en el período 2000-2012; así como la documentación de los "consejillos" en los que participaron miembros del Gobierno andaluz para preparar los Consejos de Gobierno en relación con los expedientes de regulación investigados.
De momento, sólo falta que llegue al Supremo el informe que el magistrado encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) sobre la senadora Mar Moreno y el diputado del Congreso Gaspar Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que pueden estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.
El Tribunal Supremo investiga desde hace cinco meses si desde la Consejería de Empleo de la Junta con el fin de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores, se organizó un sistema desde el año 2000 y hasta 2012 "que permitiría disponer de importantes cantidades de dinero", más de 855 millones de euros, para poder llevar a cabo esos pagos "sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones", a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de dichas ayudas.
El Alto Tribunal considera que detrás de estos hechos se pudieron cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos.