El Ministerio Público también mueve ficha a raíz del nuevo informe de la Guardia Civil. Confirmadas las imputaciones en la causa por rebelión, sedición y malversación de seis de los principales rostros del separatismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita al instructor Pablo Llarena que haga lo propio con el segundo de Junqueras en el antiguo departamento de vicepresidencia económica Josep María Jové y que acumule en el Alto Tribunal las diligencias que conduce la Audiencia Nacional contra Josep Lluís Trapero, quien fuera Mayor de los Mossos durante la preparación y celebración del referéndum ilegal del 1-O y cuya inactividad permitió el desarrollo de la votación.
La Fiscalía del Supremo pide al magistrado cuatro diligencias:
1º.- Que reclame del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todas las indagaciones e informes relacionados con los incidentes acaecidos con motivo del referéndum ilegal de 1-O convocado por el Gobierno de Carles Puigdemont; la actividad preparatoria ejecutada por la Generalidad para la consecución de la independencia, así como con la presunta utilización de fondos públicos para su desarrollo y ejecución. Son las actuaciones que constituyen el núcleo de la investigación que se sigue en esta causa especial.
2º.- Reclamar testimonio de las diligencias y actuaciones del Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona que tienen una relación directa con los hechos investigados en el Supremo. También el testimonio íntegro de todas las intervenciones telefónicas autorizadas, así como las diligencias relacionadas con el volcado de los ordenadores y material informático incautado.
3º.- Requerir de la Dirección General de la Policía Autonómica-Mossos que emita informe sobre la entrega el 1 de Octubre a sus patrullas de teléfonos móviles para la comunicación con sus respectivas Unidades y responsables. Realizaron labores de vigilancia en los diferentes lugares donde se llevaron a cabo las votaciones y la Fiscalía busca las razones que motivaron el reparto de las terminales y si se ha procedido de igual forma en otros acontecimientos electorales. También por qué no emplearon los canales habitualmente utilizados para mantener las comunicaciones ante eventos de esta naturaleza.
4º.- Recibir declaración como investigados, sin perjuicio de las ampliaciones que Llarena considere convenientes e imprescindibles para delimitar las responsabilidades penales exigibles a otras personas por su intervención en tan graves delitos, a los siguientes individuos:
a) Ampliatoria de los miembros del Gobierno catalán cesado que prestaron declaración ante la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Son los encarcelados Oriol Junqueras y Joaquím Forn y los exconsejeros que pagaron 100.000 euros de fianza cada uno para eludir la cárcel provisional: Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Dolors Bassa y Carles Mundó.
b) A los identificados como Josep María Jové Lladó y Josep Lluís Trapero Álvarez, el primero secretario general de la vicepresidencia de la Generalidad y el segundo Mayor de los Mossos en el momento en que se cometieron los hechos. Su incorporación a la causa como investigados -en aplicación de las reglas de conexión y de la necesaria inescindibilidad que el procedimiento demanda es absolutamente inexcusable acreditada la prestación de un aporte material muy significativo a los hechos investigados y su participación en el núcleo central de los hechos que constituyen el objeto de esta causa especial.
La siguiente vertiente de la investigación versará sobre los fondos públicos empleados en este proceso. La documentación cerca al exconsejero Jordi Turull en el delito de malversación de fondos públicos por el gasto de medio millón de euros en publicidad para el referéndum ilegal del 1 de octubre. TV3 y Catalunya Radio se habrían lucrado con 278.000 euros por anuncios.