El tranvía que Tomás Gómez llevó a Parla, una ciudad de 124.000 habitantes, tenía un presupuesto de 103 millones de euros, pero finalmente acabó costando 142, casi 40 más. Otras fuentes, no obstante, hablan de un coste superior a 170 millones. Si esto ya sería un problema en cualquier obra, en este caso podría ser todavía más grave, ya que según el fiscal hay indicios de que se hay podido cometer "infracciones penales".
La afirmación se incluye en un informe que desvela El País este lunes y en el que también se advierte que toda la documentación del caso debe remitirse a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto probablemente signifique que se imputaría a Tomás Gómez, ya que es el único implicado en el caso que tiene ese nivel de aforamiento al ser diputado en la Asamblea de Madrid.
El PP ya había presentado una denuncia en el Tribunal Supremo -en aquel momento Tomás Gómez todavía era senador-, en la que se explicaba que unos 40 millones que en principio se suponía que habían sido destinados a las obras del tranvía habían tenido otro destino, por ahora desconocido.
En otro informe de la fiscalía se describen otras irregularidades en los pagos del Ayuntamiento a Tranvía de Parla, SA, la empresa encargada de la construcción de la infraestructura: en uno de ellos en lugar de los 7,1 millones que correspondía se abonaron 8,3, con un exceso de más de un millón que no se ha justificado. Sobre ese mismo pago había alertado ya la Abogacía del Estado.
Los problemas legales de Tomás Gómez tienen otro importante frente también relacionado con el ayuntamiento de Parla: el caso de los sobresueldos ilegales que se pagaron a algunos funcionarios, y que ya ha llevado a una denuncia contra el propio Gómez y la imputación de varios destacados militantes socialistas en la ciudad, entre ellos el actual alcalde José María Fraile.