Poco más de un año después de las elecciones que ganó cómodamente, la presidenta argentina afronta una nueva jornada de protestas en su contra, la segunda en apenas dos meses, con una popularidad en clara caída y un descontento de la población que crece cada día.
Esta cacerolada, que ha sido bautizada como "8-N" y convocada a través de las redes sociales, sucede a la protesta del pasado 13 de septiembre que significó una de las mayores manifestaciones contra Cristina Fernández desde que fue elegida por primera vez en el año 2007. Algunos de los motivos que impulsan esta marcha son la inseguridad, el llamado "cepo" al dólar, como se conocen popularmente las restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno, y la posible reforma constitucional que abriría la puerta a un tercer mandato a la presidenta. Para esto último, el gobierno ya parece haber comenzado su trabajo otorgando más "derechos" a los jóvenes de 16 años, que ahora ya podrán votar.
Como era de esperar, la iniciativa se ha politizado progresivamente y partidarios y detractores han iniciado una "guerra de afiches" en internet mientras aumentan las voces de los dirigentes de oposición que se suman a la movilización, como el alcalde de la capital, el conservador Mauricio Macri: "El 8-N nos representa como argentinos y como hombres libres que queremos vivir mejor, con respeto, con tolerancia y poniendo la energía en construir y no en agredir".
Algo que diferencia esta convocatoria de otras es que el gobierno y todo el kirchnerismo se han puesto especialmente nerviosos. Por un lado el ministro de Planificación, Julio De Vido, responde a Macri y le pide que se ponga al frente de la protesta y se presente a elecciones, "que es la manera que en democracia se elige a quien gobierna". Otro que ha reaccionado es Aníbal Fernández, senador justicialista y ex jefe del gabinete de la presidenta. Para él, la protesta del 8 de noviembre está financiada por "viejos remanentes de lo que fuera el golpe militar y gente ligada a lo más rancio de la extrema derecha de la Argentina".
Algo parecido opina Ricardo Forster, según el diario Clarín, uno de los referentes del grupo de intelectuales kirchneristas. Éste señaló que detrás se oculta "una idea de derecha conservadora y en muchos casos con rasgos francamente de prejuicio e incluso de racismo también". El mismo medio de comunicación publica las declaraciones del politólogo Ernesto Laclau, "teórico del populismo admirado por Cristina Kirchner" y actual profesor de la Universidad de Essex, en Gran Bretaña. Desde su punto de vista, "el 8N es la expresión del malestar de una Argentina que está muriendo" y "una movilización sobre la base del antigobierno pero sin metas claras".
Pero no sólo se trata de políticos e intelectuales. El diario La Nación apunta a que varias "agrupaciones identificadas con el Gobierno" han comenzado a utilizar las redes sociales para "contrarrestar la convocatoria". Con la campaña "8-N Yo no voy" intentan explicar por qué no estarán en la protesta. En su página de Facebook, señalan que "es indiscutible que el 8-N la inmensa mayoría de los ciudadanos no saldremos a golpear cacerolas" y por eso buscan "dejar testimonio de los motivos por los que nos vamos a quedar en nuestras casas, para que nadie pueda decir luego que hubo una 'mayoría' que acompañó en silencio".
Para medios de comunicación y opositores, esta campaña contra el 8-N está financiada por el propio gobierno. Patricia Bullrich, diputada argentina y ex ministra en el gobierno de Fernando de la Rúa, señala que "todos los días se crean entre mil y 1500 perfiles de Facebook y en Twitter falsos que hacen campaña contra el 8-N" y para eso "el gobierno ha contratado agencias o individuos".
Desgaste en las encuestas
En medio de esta convocatoria, lo cierto es que Cristina Fernández sufre una clara caída en su popularidad. Así, una última encuesta de Management & Fit señala que seis de cada diez argentinos desaprueba su gestión y más del 80% se opone a una eventual nueva reelección. Además, un sondeo de Poliarquía divulgado esta semana reveló que un 40% de los consultados cree que la jefa de Estado está perdiendo el control del Gobierno, mientras que un 20% está convencido de que ya lo ha perdido.
El analista Patricio Giusto señaló a EFE que entre las razones del desgaste están "un déficit de gestión, con improvisación y decisiones radicalizadas, como la expropiación de YPF, y el cepo del dólar, lo que genera una división con la clase media, un sector que en parte apoyó a Cristina hace un año en las elecciones". Para el analista de Polilat Jorge Arias, Fernández actuó tras su triunfo electoral "como si tuviera todo el poder sin control y la sociedad reaccionó con temor a ese exceso de poder".