Los populares, guiados por su portavoz de Cultura José María Lassalle, accedieron a apoyar la Ley Sinde a cambio de un maquillaje que hacía aparecer a un juez en un punto más del proceso, pero sin que ninguno decidiera en ningún momento la legalidad del cierre administrativo decidido por la Sección Segunda (SS) de la Comisión de Propiedad Intelectual.
También intentaron vender su apoyo ante la opinión pública con la inclusión de una disposición que teóricamente obligaba al Gobierno a cambiar la regulación del canon digital, algo a lo que de todos modos estaba obligado en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba ilegal la regulación en vigor:
Disposición adicional duodécima. Modificación de la compensación equitativa por copia privada. El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada.
Tal y como denuncia la Asociación de Internautas en un comunicado, ese plazo expiró el 6 de junio sin que "el Gobierno sigue sin corregir ni sancionar los abusos que se siguen cometiendo". En este sentido, la asociación considera que "por omisión los políticos podrían estar incurriendo en dos delitos": prevaricación y enriquecimiento injusto.
Por último, la asociación apunta que "se puede evitar". "En la actualidad todas las personas jurídicas están exentas, es decir, pueden reclamar el canon pagado anteriormente, y negarse a seguir pagando", citando al TJUE.
Asimismo, los productores y distribuidores "deben negarse a imponer un canon indiscriminado a sus minoristas, pues son éstos los que, en definitiva, emitirán las facturas a un C.I.F. en calidad de consumidor final". "Las personas físicas", lamenta la AI, "mientras esté recurrida ante el TS la Sentencia que anulaba la Orden Ministerial de 2008, tendremos que seguir pagando... y guardando facturas".