El Gobierno no volverá a dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado. "Eso se ha acabado", sentenció Soraya Sáenz de Santamaría, encarnando un nuevo ejemplo de la separación real de poderes a la que se comprometió Mariano Rajoy en sesión plenaria. Pero, además, protagonizó un nuevo estilo político; el de "no comentar" las resoluciones judiciales desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidencia se sacudió con fuerza la herencia recibida por sus antecesores a la hora de poner la voz del Gobierno a los fallos de los diferentes tribunales del Estado. Ahuyentó el fantasma de las presiones y ataques velados. Lo que hizo Sáenz de Santamaría, sin saltarse una coma el guión, fue "respetar cualquier decisión judicial, la comparta o no, le guste o no, le favorezca o no". Y con tal contundencia marcó un punto de inflexión que, en lo interno, va aún más allá, pues desvincula al fiscal Torres-Dulce del Gobierno.
"La Fiscalía no recibe instrucciones de este Gobierno, el Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía, eso se ha acabado", fueron sus palabras textuales. Algo, en la práctica, que supone un auténtico cambio de timonel, y que sirvió de cama para rechazar ataques a la Justicia.
El fallo del Supremo contra Baltasar Garzón fue abordado por Rajoy con sus ministros, en tanto en cuanto existe una honda preocupación en el gabinete porque se extienda la opinión en el exterior de que, en España, no funcionan las instituciones como debieran. De hecho, en voz de un ministro, "algunos políticos y medios no pueden estar siendo más irresponsables" con "sus ataques" al Alto Tribunal.
Precisamente, Sáenz de Santamaría utilizó el término "ataque" para censurar formalmente la respuesta del PSOE, y del resto de fuerzas políticas de izquierda, al fallo contra el aún magistrado. "Llamaría, de verdad, a la responsabilidad y a la reflexión", afirmó, no sin poner en evidencia que "quienes tienen responsabilidades" deben "salvaguardar la independencia de poderes".
Sin embargo, la portavoz del Gobierno fue más allá en su exposición, y basó sus argumentos en la propia esencia de la democracia "que tanto nos ha costado". "Hay una separación de poderes. Es la garantía de la igualdad y protección de derechos", por lo que "cuando se cuestionan las instituciones se cuestiona la democracia". Reclamó "seriedad" porque "me preocupa mucho esa imagen que se está trasladando de España, que no es España".
Según las fuentes consultadas, el presidente se mostró inquieto por la facilidad que desde fuera de nuestras fronteras, sin todos los datos, se está atacando al Supremo. El Ejecutivo entiende que esto no se produciría sin las críticas, principalmente, del PSOE. Y de ahí que Sáenz de Santamaría insistiera: "Unas sentencias pueden gustar más o menos", pero urge "responsabilidad política" porque "la misma Constitución que permite a los responsables políticos ejercer es la que atribuye al TS el poder judicial en su vértice". Un respeto a las resoluciones judiciales que, anunció la portavoz, se convierte desde ya en marca de la casa.
Comunicado de Justicia
Ahondando en el tema, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se vio en la obligación de emitir un comunicado para reiterar su "respeto" tanto a la sentencia como a las palabras del presidente del TS, Carlos Dívar. "Muestro mi más absoluto respeto a la declaración institucional emitida al respecto por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la que, partiendo de la aceptación del legítimo derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, rechaza con toda energía las descalificaciones y ataques que injustamente está recibiendo el más Alto Tribunal de Justicia de nuestro país", señala en un comunicado.
Ante "las reacciones producidas tras la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", el Ministerio de Justicia muestra su "completo acatamiento" a la misma, actitud que, por otra parte, no es sino "muestra del respeto al principio de separación de poderes que debe regir con normalidad en nuestro Estado de Derecho".