L D (Europa Press) Las Confederaciones sindicales UGT y CC.OO confiaron este viernes en que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "reconsidere en breve plazo" su decisión de admitir a trámite la querella "franquista" interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por un delito de prevaricación.
Así, ambos esperaron que el alto tribunal "restituya al juez Garzón en la consideración que merece su actuación".
"Se trata de una querella interpuesta por franquistas que, con desprecio de las víctimas y de sus familiares, busca que no se actúe contra los hechos criminales cometidos por la Dictadura, que eliminó las libertades, disolviendo los sindicatos de clase y asesinando masivamente a decenas de miles de trabajadores, y cuyas consecuencias todavía perduran, especialmente en las familias que aún ignoran el paradero de sus miembros que fueron vilmente ejecutados, enterrados de forma indigna en fosas comunes y cunetas de toda España", concluye la nota.
En su opinión, "el claro objetivo" de la querella es "atacar" la actuación de Garzón "con el propósito de socavar su independencia, su prestigio y su propia labor jurisdiccional, especialmente en la causa contra el franquismo" y por también "en otras muchas causas en las que ha tenido oportunidad de actuar como instructor en crímenes de análoga naturaleza.
Además, CC.OO y UGT indican que el sindicato responsable de la querella, Manos Limpias, es una "entidad de conocido tinte ultraderechista" y "viene actuando sistemáticamente contra personas y entidades progresistas y de izquierdas, presentando querellas contra ellos ante los tribunales de forma gratuita y temerariamente y sin fundamento".
La nota de prensa destaca que resulta sorprendente que se admita a trámite la querella alegándose que Garzón pudo actuar vulnerando premeditadamente la ley, a conciencia de que no era competente para el conocimiento de la causa, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de la Fiscalía declarando la no competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción en esta materia, con la oposición de cinco de los magistrados.