Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, criticó duramente el documento enviado por el Gobierno, al que calificó de "tortura estadística". En declaraciones a Telemadrid, denunció, además, que la propuesta no reconoce el derecho de los ciudadanos madrileños a contar con una "financiación suficiente".

Según dijo, se han eliminado 300.000 ciudadanos en la financiación común y 600.000 en la financiación sanitaria. "Unos 900.000 madrileños se quedan sin financiación sanitaria. Es una auténtica vergüenza", denunció, tras exigir al Gobierno la "inmediata rectificación" de las bases estadísticas del documento.

Sobre cómo ha llevado el Gobierno la negociación de la reforma, Beteta denunció el "oscurantismo absoluto" que ha mantenido el Ejecutivo que, según dijo, no ha dado a las comunidades ni un documento desde el mes de diciembre.

"Esto sólo se explica cuando se pretendía mentir descaradamente como hace este documento", criticó el consejero, tras recordar que el Gobierno se comprometió a reconocer la población real de cada región y asegurar que en el texto que han recibido sólo aparece reflejada la del año 1997. En su opinión, se trata de un "documento que atenta contra las bases del Estado de las autonomías".

 

En Galicia, donde participaba en un homenaje a Miguel Ángel Blanco, Alberto Núñez Feijóo indicó que no le parecía "en ningún caso razonable que sea Esquerra Republicana la interlocutora máxima con el Gobierno de España".

Añadió que "los únicos interlocutores son las comunidades autónomas, no los partidos" en este proceso de negociación que debería concluir en los próximos días. Para Feijóo "los únicos interlocutores que debería tener el Gobierno son los presidentes de las comunidades autónomas" y lamentó que "en este momento Esquerra Republicana se convierta en el árbitro de la financiación de todos".

Apuntó, ya antes de recibir el documento, que eso era "una muestra inequívoca de que este proceso no se está llevando con la altura institucional y con el compromiso de pacto de estado que debería ser la financiación autonómica".

Quejas de Camps

Otro dirigente popular, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha pedido al Gobierno central que, si los recursos adicionales establecidos superan los 9.000 millones de euros previstos inicialmente, como así ha sido, la región debería recibir "como mínimo" entre 1.500 y 1.900 millones de euros.

El presidente valenciano ha mantenido una conversación telefónica esta mañana con Salgado y en ella ha expresado sus demandas. No obstante, fuentes de la Generalidad han recordado que la Comunidad no conoce todavía la cifra de financiación que le corresponde y que "se mantiene a la espera" de que el Gobierno central, que es a quien le corresponde, dé "el siguiente paso". Y enfatizan que en el Ejecutivo regional "siempre se ha defendido y se seguirá defendiendo la igualdad y la solidaridad entre los territorios españoles en materia de financiación", han agregado.

Barreda y Vara, satisfechos

Los presidentes socialistas parecen estar más conformes. Según ha informado el Ejecutivo extremeño, Extremadura recibirá, de aprobarse el nuevo modelo de financiación autonómica, 202 millones de euros adicionales, con lo que la cantidad total se situaría en los 3.456 millones.

Con estos datos Extremadura mantendría su posición como tercera CCAA en financiación per cápita tras Cantabria y La Rioja, y pasaría de los 2.985 euros por habitante de 2007 a los 3.170 euros del nuevo sistema. El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara considera que se pondera con este modelo más la dispersión y el envejecimiento, por lo que consideran que el modelo "es más justo". Algo que augura su apoyo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se ha mostrado también satisfecho con los 500 millones de euros adicionales que recibirá la región, que irán destinados "íntegramente" a los ciudadanos, según ha dicho. Esto supone "más dinero para sanidad, más dinero para educación, más dinero para los servicios sociales, más dinero para ayudar a nuestras empresas", ha afirmado Barreda en Ciudad Real.

Barreda ha explicado que "le ha gustado escuchar hoy que algunas de las nuevas variables que se consideran tienen mucho que ver" con la posición de Castilla-La Mancha, como "el fondo de convergencia y la consideración de la baja densidad de población".

Griñán, entusiasmado

Mientras, la otra comunidad protagonista de las negociaciones, Andalucía, ya ha hecho su valoración a través de su presidente. En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, confirmó que el nuevo modelo supondrá para la región un total de 3.133 millones de euros, de los que 1.795 corresponden a los fondos adicionales, 390 a las mejoras de los impuestos tributarios y los 948 millones restantes a las competencias propias. Unas cifras que le hicieron hacer una valoración muy positiva del cambio, con el que, dijo, "Andalucia mejora, ya que se reducen las desigualdades entre comunidades autónomas y aumenta los recursos de la región".

Otro presidente, el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declaró que ve el nuevo modelo con "moderado optimismo". La comunidad estima que podría recibir unos 100 millones de los 11.000 millones de euros de recursos adicionales que el Estado aportará, a falta de analizar el borrador a fondo. Desde la región celebran que se tengan en cuenta las variables de dispersión y el envejecimiento.