L D (Luis del Pino) Después de cinco años de investigaciones, el primer asalto judicial sobre los atentados de Madrid se cerró con un resultado ciertamente decepcionante: ni siquiera sabemos quién puso las bombas que estallaron en la mañana del 11 de marzo de 2004.

Antes de comenzar el juicio del 11-M, la versión oficial establecía que las bombas habían sido colocadas por Jamal Zougham (el único condenado como ejecutor material), por Abdelmahid Bouchar y por las siete personas que al parecer murieron en la explosión de Leganés, más otros cuatro individuos que habrían huido de España con posterioridad al atentado y habrían terminado suicidándose en Irak. Un total de 13 responsables para 13 bombas.

Posteriormente, las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo vinieron a lanzar un jarro de agua fría sobre esa versión oficial, al absolver a Abdelmahid Bouchar de la autoría material y al establecer que no podía determinarse qué participación habían tenido los 7 muertos de Leganés en los hechos, puesto que su implicación no se había analizado en el juicio de la Casa de Campo.

Ahora, la sentencia de la Operación Tigris viene a arrojar nuevas sombras de duda sobre el último grupo de supuestos autores materiales (los huidos a Irak), al desvelar importantes contradicciones en los informes policiales correspondientes.

En consecuencia, es imposible que Mohamed Afalah llamara a su familia desde Irak para intentar despedirse el 17 de marzo de 2005, puesto que en esa fecha estaba todavía detenido en Turquía.

En efecto, según la sentencia de la Operación Tigris, Mohamed Afalah fue detenido en Turquía el 14 de junio de 2004, portando un pasaporte español falsificado a nombre de Tarek Hamed Hamu. Las autoridades turcas comunicaron ese mismo día la detención al Consulado General de España en Estambul, solicitando permiso para repatriar a España al detenido, puesto que tenía pasaporte español. El Consulado General de España en Estambul informó a la Embajada de España en Ankara, quien a su vez solicitó del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que se confirmara la validez del pasaporte español.

Las autoridades turcas enviaron a España toda la documentación necesaria. Según consta en la sentencia de la Operación Tigris, tanto el pasaporte con la fotografía como las huellas dactilares del detenido estuvieron a disposición de la Policía española desde el 11 de agosto de 2004, a pesar de lo cual nadie reclamó nunca a Mohamed Afalah desde España.

Finalmente, el 28 de marzo de 2005, Mohamed Afalah se fugaba del centro de internamiento, como recoge la sentencia de la Operación Tigris.

Según la sentencia de la Operación Tigris, existen numerosas contradicciones en las explicaciones dadas por la Policía al hecho de que no se reclamara la entrega de Mohamed Afalah por parte de las autoridades turcas. De hecho, en la sentencia constan hasta cuatro versiones diferentes sobre cuándo conoció la Policía española la detención de Afalah.

Sin embargo, en otros dos informes policiales fechados el 9 de octubre de 2006 y el 2 de febrero de 2007, firmados ambos por el policía con carnet profesional número 18.403, se hace constar que el individuo llamado Tarek internado en el centro de detención de Estambul había sido identificado como Mohamed Afalah.

El mismo funcionario policial que firmaba el primero de los oficios a los que hemos aludido (el 18.428) afirma en otro oficio posterior, de fecha 27 de febrero de 2007, que fue el 7 de abril de 2005 (gracias a un escrito de la Brigada de Información de Ceuta) cuando se tuvo conocimiento de la detención en Turquía, en junio de 2004, de una persona con un pasaporte falsificado a nombre de Tarek Hamed Hamu.

Como consecuencia de esa información, el 9 de mayo de 2005, se solicitó del agregado del Ministerio del Interior en Turquía todos los datos relacionados con esa persona detenida en Turquía, incluidas fotografías, huellas y copias de la documentación que portaba. De dicha información tenían conocimiento tanto el instructor como el secretario de las diligencias (funcionarios policiales 18.428 y 82. 934).

Por su parte, el informe general de la Operación Tigris, realizado por el Secretario de las diligencias, indica que fue el día 6 de septiembre de 2005, de modo casual, cuando se tuvo conocimiento de la detención de una persona que portaba pasaporte a nombre de Tarek Hamed Hamu.

Cuatro versiones distintas para unos mismos hechos. Lo cual, lejos de despejar las incógnitas sobre por qué no se reclamó a Turquía la entrega de Mohamed Afalah, viene a plantear incógnitas adicionales: ¿en qué fecha tuvieron realmente conocimiento de la detención de Mohamed Afalah las unidades policiales que investigaban la Operación Tigris? ¿Cuándo se llevó a cabo la comparación de las huellas digitales de Mohamed Afalah con las del detenido en Turquía?

¿Y por qué todos esos datos no se pusieron a disposición del juez instructor del 11-M y del tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar los hechos?

La propia sentencia amplía todavía más estos interrogantes, al afirmar que "no consta exactamente cuándo identificó la Policía española a Mohamed Afalah mediante la comparación de las huellas recibidas y las que constaban de Afalah en los archivos policiales". De hecho, y siempre según la sentencia, no existe ningún tipo de informe pericial donde se acredite expresamente que la persona detenida en Turquía era Afalah.

En otras palabras: que tenemos que creernos que en algún momento (no sabemos cuándo) alguien (no sabemos quién) dictaminó por fin (no sabemos cómo) que la persona que había sido detenida en Turquía y que luego se había fugado a Irak era Mohamed Afalah.

La sentencia de la Operación Tigris da por buena la versión de que Afalah murió en Irak, aunque en unos términos que vienen a socavar un poco más la versión oficial del 11-M.

En concreto, la sentencia afirma, con un grado de imprecisión ciertamente peculiar, que Afalah falleció "por el mes de mayo de 2005" en Irak. Pero, por lo que respecta al motivo de la muerte, lejos de corroborar la historia de que participó en algún tipo de acción suicida, la sentencia afirma que la forma en que Afalah murió "no ha quedado suficientemente acreditada". En otras palabras: que tampoco existe prueba alguna de que sea cierta la historia que nos contaron sobre que Afalah había muerto en un atentado suicida en Irak.