Según el despacho de la agencia Efe, la Comisión reconoce que no ha encontrado pruebas de la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios. Aún así, dice creer que algunas de sus prácticas pueden haber vulnerado el artículo número 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, es decir, que habrían "restringido, limitado o impedido la competencia".
En el comunicado remitido por la Comisión, este organismo dice que debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y comunitaria, las acciones de las asociaciones de empresas "se consideran también acciones de sus asociados", y abre un plazo máximo de dieciocho meses para la instrucción y la resolución de los expedientes.
El pasado otoño, la CNC inició de oficio una serie de investigaciones tras observar la tendencia alcista del precio de varios alimentos básicos desde mediados de 2007. A estas investigaciones se sumaron las denuncias que presentaron diversas asociaciones de consumidores por este motivo, que denunciaban la subida de precio no acuerdos, así como noticias difundidas en la prensa anunciando la subida de precios.
Antes de iniciarse oficialmente las investigaciones, el presidente de la CNC, Luis Berenguer, dijo en unas declaraciones públicas que este organismo estaba observando "con preocupación" que responsables y representantes de organizaciones que agrupan a estos fabricantes habían hecho declaraciones públicas "coincidentes en el tiempo" advirtiendo de estas subidas.
Ahora, competencia incoa expediente, sin tener pruebas, dentro de la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB), a la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (Afhse), la Federación de Asociaciones del Dulce (FEAD), y la Asociación Española de Fabricantes de Helado (AEFH).
También están en esta relación la Asociación Española de Panificación y Pastelería de marca (PPM) y la Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados (Chocao), la Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias (Aefpa) y la Asociación Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados.
En estos casos, los expedientes se abren para determinar "si la política de comunicación puesta en marcha en el seno de dichas asociaciones pudiera constituir una práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia", señala la CNC.
Aunque Propollo e Inprovo también están en la FIAB, la CNC las investiga aparte. Así, en el caso de Propollo, el expedientes se abre para investigar si las declaraciones de sus representantes incumplen también este artículo, y en el de Inprovo se estudiará si las notas de prensa remitidas por esta organización han supuesto también prácticas restrictivas de la competencia.
La Dirección de Investigación de la CNC también ha considerado que las declaraciones hechas en los últimos meses del año pasado por las asociaciones provinciales de panaderos han podido ser contrarias a la ley.
Sin embargo, sólo ha incoado expediente a la del Principado de Asturias, mientras que ha remitido otras declaraciones de asociaciones provinciales de fabricantes de pan a las comunidades autónomas dotadas de órganos de defensa de la competencia que pudieran, en su caso, llevar a cabo actuaciones paralelas. La incoación, recuerda la Comisión, "no prejuzga el resultado final de la investigación formal".
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