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LOS ÚLTIMOS ERRORES Y RETRASOS DEL SISTEMA JUDICIAL

La alarmante cadena de fallos judiciales que dejaron a la calle al asesino de la niña Mari Luz Cortés son sólo los primeros que han desatado la alarma. Un terrorista de los Grapo ha visto anulada su condena de 20 años por que la testigo que lo reconoció no se personó al juicio. Y la Junta de Jueces de Sevilla advierte de que la sobrecarga de trabajo podría llevar a repetirse el caso de la niña, mientras la huelga de funcionarios de Justicia continúa ante los lamentos de Bermejo.  

La alarmante cadena de fallos judiciales que dejaron a la calle al asesino de la niña Mari Luz Cortés son sólo los primeros que han desatado la alarma. Un terrorista de los Grapo ha visto anulada su condena de 20 años por que la testigo que lo reconoció no se personó al juicio. Y la Junta de Jueces de Sevilla advierte de que la sobrecarga de trabajo podría llevar a repetirse el caso de la niña, mientras la huelga de funcionarios de Justicia continúa ante los lamentos de Bermejo.  
(Libertad Digital) Las advertencias se suceden, como la de la Junta de Jueces de Sevilla, que afirman que la sobrecarga de trabajo y el sistema de sustitución de bajas "por personal no cualificado" podría llevar a repetirse el caso Mari Luz, ya que los fallos crecerán "exponencialmente".
 
Los retrasos y errores de la justicia en el caso Mari Luz han tenido como consecuencia que el juez de lo penal nº 1 de Sevilla, Rafael Tirado, esté siendo investigado por el CGPJ no ejecutar la sentencia contra Santiago del Valle por los abusos infligidos a su propia hija, previamente al asesinato de Mari Luz. Además, el organismo también extenderá al magistrado de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Javier González.
 
Además de la polémica por la muerte de la niña, se ha producido la liberación del terrorista de los Grapo Marcos Martín Ponce, condenado por matar por la espalda a un joven agente policial. La testigo que identificó al terrorista no fue localizada por la Policía Judicial pese a ser testigo protegido. A esto se añade el hecho de que la Audiencia Nacional no dictó ninguna otra gestión para localizar a la misma, sino que suspendió el juicio. El fiscal tampoco presentó más pruebas y no inició más gestiones para encontrarla.
 
El proceso estuvo plagado de errores: la testigo finalmente no se personó en el juicio impidiendo que el acusado fuera juzgado por los hechos. El resultado: la anulación de la condena de 30 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional, debido a este cúmulo de negligencias policiales y judiciales.
 
Según informa el jueves El Mundo, la juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril olvidó levantar la prisión preventiva a un acusado que resultó absuelto, obligando al mismo a pasar en la cárcel 437 días sin tener que hacerlo.
 
Mientras tanto, la huelga de los trabajadores de Justicia continúa. El borrador presentado el lunes por Mariano Fernández Bermejo ha sido rotundamente rechazado por los sindicatos, que lo consideran insuficiente, mientras Bermejo recrimina a los trabajadores y se queja de que "teníamos un principio de acuerdo".
 

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