(Libertad Digital) La expropiación se podría convertir en una de los instrumentos de la política más poderosos en manos del Gobierno. Si el plan de Narbona sale adelante, cualquier propiedad privada cubierta bajo el manto de "espacio nacional protegido" (y es un cuarto del territorio nacional), habrá perdido la protección del Derecho. Podrá ser expropiada con el simple hecho de que la propia Administración considere su casa o cualquier elemento en su terreno un "factor de perturbación". Un concepto lo suficientemente amplio como para que pese más el criterio de la Administración que cualquier factor objetivo.
Según recoge en su información el diario La Razón, el artículo 39, en su apartado 1, proclama que "La declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios de bienes y derechos afectados".
También conlleva "la facultad de la Comunidad Autónoma para el ejercicio del derecho de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de un carácter oneroso y celebrados intervivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior". Esto es, la Comunidad Autónoma tendrá preferencia en la adquisición de cualquier obra nueva, o en la transmisión de un terreno o una construcción.
"Factor de perturbación"
Según la diputada popular Teresa de Lara, que ha hablado para el diario madrileño, "El PSOE ha designado como espacios de utilidad pública todos los que se designaron en el año 2000 dentro de la Red Natura. Aquellos espacios se incluyeron sin intención de que fueran espacios protegidos".
La misma diputada explica que "expresiones como factor de perturbación, espacio natural delimitado, zona bien conservada amenazada o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones, son ejemplos que crean una gran inseguridad jurídica".