(Libertad Digital) El presidente de Venezuela no precisó el estado de las negociaciones para la nacionalización de las cementeras ni tampoco el precio que su Administración está dispuesto a pagar. La decisión del Gobierno de asumir el control de la producción de cemento fue anunciada el pasado 3 de abril, cuando aseveró que pagará “hasta el último centavo” por las acciones que pasen a control público.
Según el decreto de nacionalización, de 19 de junio, los accionistas de empresas cementeras tienen un plazo de 60 días para acordar los términos de “su posible participación accionarial en las nuevas empresas del Estado” o éstas le serán expropiadas.
El decreto también establecía la posible prórroga de las negociaciones por "mutuo consenso" y establecía el 31 de diciembre como plazo para la entrega de las instalaciones.
"Hasta el último centavo"
Cuando anunció la decisión en abril, Chávez aseguró que se pagaría "hasta el último centavo" por las empresas. Incluso se había hablado de un esquema de hasta un 40 por ciento de participación en manos privadas.
El presidente Chávez insistió en que con la nacionalización de las empresas cementeras pretende insertarlas dentro de lo que define como la "economía socialista" y darle impulso al plan de viviendas gubernamental. El Gobierno acusa a las compañías de exportar su producto y dejar desabastecido el mercado local, en el que el precio del saco de cemento es parte de la lista de productos de primera necesidad controlados por el gobierno.
Aunque las cementeras afirman que más del 60 por ciento de sus ventas se realizan dentro de Venezuela y aseguran que el crecimiento de la demanda es la causa de los problemas de oferta del producto.
Déficit de viviendas
Mientras tanto, el déficit de viviendas en Venezuela ha crecido en los casi 10 años de la llamada Revolución Bolivariana y, según estimaciones oficiales, alcanza 1,8 millones de unidades. Es un tema políticamente sensible. Casi a diario se producen manifestaciones y bloqueos de calles, carreteras o sentadas frente a oficinas públicas por parte de personas que exigen adjudicación de casas. Algo que la oposición presenta como demostración de la ineficiencia de la que acusan al gobierno.
En los últimos dos años el presidente Chávez ha acometido una agresiva política de nacionalizaciones que incluye la principal telefónica del país, el sector de generación eléctrica, la industria siderúrgica y el ámbito bancario.
El esfuerzo nacionalizador podría costar al estado venezolano hasta 12.000 millones de dólares, según un estudio publicado por Ecoanalítica, una empresa venezolana que ofrece asesoría económica. El estudio determina que el monto no afectará a las finanzas estatales, cuyos ingresos petroleros le permiten afrontar esos pagos sin problemas.
Sin embargo advierten que la eventual ampliación de la política nacionalizadora a otros sectores de la economía nacional exigiría el mantenimiento de los altos precios del petróleo.
Cemex, Lafarge y Holcim
El grupo mexicano Cemex es el mayor fabricante de cemento y hormigón de Venezuela, donde posee tres plantas con una capacidad de producción de 4,6 millones de toneladas de cemento al año, y genera empleos directos e indirectos para unas 3.000 personas, según datos de la empresa.