La racionalización académica de la sanidad pública apela al "fallo de mercado" de la asimetría de la información. Los individuos supuestamente conocen mejor su propensión a enfermar que las aseguradoras, de forma que éstas no son capaces de discriminar en precio y ofrecen la misma prima a todos. Así, la prima promedio es más barata de la que pagarían los individuos más riesgosos, y más cara de la que pagarían los más sanos. Los segundos tienden a salirse y los primeros a quedarse, de modo que la prima sube (para ajustarse al riesgo medio del nuevo pool), en una espiral que aboca al sistema a la ineficiencia: escasa y onerosa cobertura.

Aun si este problema de selección adversa fuera cierto y grave, la respuesta no sería la nacionalización del mercado sanitario. La obligatoriedad del seguro médico privado bastaría para evitar la espiral descrita.

Pero es que además, el debate es estéril. Lejos de fallar, el mercado ya ha dejado obsoleto cualquier problema de asimetría de información. La aseguradora, mediante chequeo médico con técnicas avanzadas y revisión del historial familiar, es capaz de calcular con notable exactitud la propensión de un individuo a sufrir distintas enfermedades (a menudo genéticas). La asimetría de información desaparece y la aseguradora puede discriminar en precio, cobrando la prima correspondiente al coste esperado de cada usuario.

No hay, pues, selección adversa ni espiral de costes, siempre y cuando el Estado no prohíba la discriminación de precios o restrinja las técnicas de evaluación de riesgo de las aseguradoras. Entonces, ¿qué justifica la sanidad pública? Los intervencionistas siempre encuentran "razones".

Los enfermos crónicos no podrían asegurarse (no hay riesgo a estimar) y tendrían que pagar de su bolsillo el elevado coste del tratamiento. Por otro lado, los más pobres no podrían permitirse la prima del seguro. La reacción instintiva del intervencionista ideológico es reclamar la nacionalización de la sanidad. La respuesta lógica del liberal que acepta intervenciones quirúrgicas es pedir subsidios para los individuos con graves condiciones preexistentes y para los más pobres, sin tocar el resto del mercado.

Este enfoque descuadra a los estatistas maximalistas, empeñados en imponer a toda la sociedad un modelo planificado con argumentos que, en el mejor de los casos, solo justifican parches (subsidios, regulaciones) a un sistema fundamentalmente de mercado. Así sucede con respecto a los tres pilares del Estado del Bienestar: sanidad, pensiones y enseñanza. No conciben que quizás sea mejor subsidiar al pobre para que tenga acceso a los servicios de un mercado eficiente, que abolir el mercado para que todos tengan acceso a un servicio estatal deplorable. Así, en lugar de ponderar las ventajas de las pensiones privadas con intervenciones localizadas (como en Chile, México o Hungría) o de la introducción del cheque escolar (como en Holanda, Suecia o Florida), prefieren socializar el sector entero.

A la privatización de la sanidad suele oponerse el ejemplo de Estados Unidos, que pese a sus ventajas (ausencia de lista de espera, libertad de elección de proveedor, innovación médica) gasta mucho más sin obtener mejoras en salud. No mencionan que son las regulaciones y los programas estatales los que distorsionan el mercado y elevan el gasto, y que hay otros modelos sanitarios con un fuerte componente privado que no padecen ese problema.

En Suiza el gobierno solo financia un 25% de los costes sanitarios (en Estados Unidos el gobierno paga casi el 50%). El gasto total en sanidad es similar al de los países con sistemas públicos. Los individuos están obligados a comprar seguro médico privado, que por ley incluye una cobertura básica. Las compañías compiten en precio y servicios, y muchos suizos se decantan por pólizas baratas con deducibles altos. El Estado subsidia a los más pobres (nadie paga más de un 10% de su renta por el seguro), y más de un tercio de la población contrata pólizas suplementarias. No hay listas de espera y los pacientes pueden elegir libremente el proveedor sanitario.

En Singapur el gasto total en sanidad es la mitad que el de España, y sus indicadores de salud son excelentes. Dos tercios de la financiación son privados. Los singapurenses disponen de cuentas de ahorro sanitarias individuales, financiadas con aportaciones obligatorias, a las que recurren para gastar cuando enferman. El Estado subsidia servicios básicos y paga la sanidad a las familias con menos recursos. Hay libertad de elección de proveedor y no existe lista de espera.

¿Por qué no se exploran estas alternativas? ¿Por qué este afán por justificar lo injustificable?