¡Ole tus razones, defensor del pueblo!

Cada día estoy más convencido de que las decisiones personales de los responsables políticos tienen una influencia decisiva en la historia.

Durante los 23 años del ex presidente Jordi Pujol se taponaron innumerables denuncias por abusos lingüísticos que llegaban de padres y maestros a la Alta Inspección del Estado en Cataluña. Esas denuncias deberían haber llegado al Ministerio de Educación y Ciencia. Pero nunca llegaron; quedaban enterradas en los cajones del inspector del Estado en Cataluña, el socialista Jordi Doméndez durante el gobierno de Felipe González, y nunca les dieron curso. La decisión personal de una persona apagó durante una década cualquier queja ciudadana.

Pujol y Felipe González tenían sus desencuentros, pero Pujol sabía negociar siempre muy bien las obsesiones. Y de la misma manera que consiguió anular a la Alta Inspección del Estado en Cataluña, también logró durante años convencer a los diferentes presidentes del Tribunal Constitucional, en especial a Álvarez de Miranda, para que no fallaran en ningún caso contra la línea inconstitucional de la práctica lingüística de la Generalitat. La última vez que lo consiguió fue a propósito de la segunda ley de política lingüística, finalmente aprobada en 1998. En aquella ocasión presionaron desde Miquel Roca hasta el mismo Aznar, a su vez presionados por Pujol. Queda escrito. De aquellos polvos estos lodos, o esta realidad social o este Estatuto.

Ahora también una personalidad sola, a remo, tiene los arrestos democráticos suficientes para oír la llamada de diferentes ciudadanos de Cataluña y presentar recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del actual Estatuto de Cataluña.

Los políticos nacional catalanistas están acostumbrados a hacer e imponer lo que les da la gana como si no vivieran en un marco constitucional. El referente nacional lo consideran más fundacional que las propias leyes que nos hemos dado todos democráticamente. De ahí, que cualquier revés a sus intereses se traduzca en un ataque a Cataluña, y no como un conflicto formal en la interpretación de la ley. Por eso, le han llovido críticas al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica desde todos los sectores.

Un sólo hombre puede estar restaurando más justicia que el aparato del Estado entero. Sus arrestos nos salvan a todos de esta mediocridad ambiental. Es evidente que la igualdad de los españoles ante la ley se vulnera con el Estatuto de Cataluña, es evidente que esta herramienta nacionalista supone la "exclusión práctica de la lengua cooficial castellana en las relaciones del ciudadano con la Administración y en el sistema educativo" (Enrique Múgica dixit), es evidente que su propia función de defensor de todos los españoles queda cercenada en Cataluña y los ciudadanos catalanes indefensos.

Todavía hay quien se sorprende que Portabella, concejal de ERC por Barcelona, haya anunciado su negativa a asistir al pregón de las fiestas de la Merçé porque la escritora gaditana Elvira Lindo lo hace en castellano. ¡Como si eso fuera novedad! Estamos hartos de ver esas actitudes en la práctica cotidiana de centros escolares e instituciones; se han impuestos en circulares y, ahora, en el propio Estatuto. ¿De qué se sorprenderá la gente?