Ya hemos señalado en numerosas ocasiones que el proceso de construcción nacional en el que está inmerso el Gobierno autonómico catalán no es sólo radicalmente ilegal; es también enormemente caro: aunque el Gobierno de Rajoy y la silente Fiscalía General del Estado hayan podido llevar a Artur Mas a la tranquilizante convicción de que su ilegal referéndum secesionista no va a acarrearle ninguna consecuencia penal –tal y como no se la ha acarreado su clamorosa desobediencia a las sentencias de nuestros Altos Tribunales respecto a la inconstitucional inmersión lingüística–, es obvio que llevar a la práctica los delirios identitarios de los nacionalistas no sólo reclama impunidad, sino cuantiosos recursos financieros extraordinarios.
Aunque gracias a las paulatinas cesiones de los distintos Gobiernos centrales las Administraciones autonómicas cuenten con recursos fiscales muy superiores a los que maneja cualesquiera otros Gobiernos regionales del mundo, es evidente que no son suficientes para acometer la carísima "transición nacional" en que está inmerso el Ejecutivo Mas. Esa razón financiera –y no otra– es la que llevó a Mas a reunirse secretamente con Rajoy, justo después de darnos a conocer, el pasado viernes 22 de marzo, la composición del llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Es evidente que tanto este mismo Consejo como el desarrollo de una agencia tributaria propia, como, en general, todas las "estructuras de Estado" que el Ejecutivo de CiU está desarrollando, cuestan muchísimo dinero. También lo cuestan las centenares de empresas, fundaciones y diversos chiringuitos que sirven como redes clientelares que el nacionalismo debe alimentar si quiere llevar a buen puerto su proyecto soberanista. Lo mismo podríamos decir de la numerosas radios y televisiones autonómicas, cuya deuda es varias veces superior a lo que el Reino de España se ha ahorrado congelando las pensiones a todos los jubilados, incluidos, naturalmente, los catalanes. También cuesta una pila de millones de euros sostener las numerosas embajadas que el Gobierno regional catalán tiene desplegadas en el extranjero, decisivas para lo que Artur Mas, en batasuna expresión, denominó la "internacionalización del conflicto".
Para hacer frente a todos estos multimillonarios desembolsos, ineludibles en pro de la consolidación de la identidad nacional catalana, no son suficientes los recortes de gasto social o las subidas de impuestos que han sufrido los catalanes; tampoco es suficiente que Montoro mire para otro lado ante el clamoroso incumplimiento de la Generalidad respecto al déficit y la burlada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Para el carísimo proceso de transición nacional tampoco es suficiente que el Gobierno de Rajoy haya destinado al Gobierno separatista de CiU la mayor parte del Fondo de Liquidez Autonómica, tanto en 2012 como en 2013. Ni siquiera ha sido suficiente que Montoro haya anunciado que será aun menos exigente este año con las comunidades incumplidoras de los objetivos de reducción del déficit, como es el caso de la secesionista Administración regional catalana.
Sencillamente, la aventura soberanista de CiU exige más dinero, y a pedírselo a Rajoy –y no a otra cosa– es a lo que fue el presidente de la Generalidad en su secreta reunión con el presidente del Gobierno.
Bien está que algunos medios de comunicación de Madrid, que poco antes de la secreta reunión de marras llegaron a tener la ingenua idea de que podíamos asistir a "un importante cambio de rumbo" por parte de CiU, nos digan, tras la celebración de la misma, que Rajoy oxigena a Mas a cambio de humo. Pero siguen sin entender el problema. Las cesiones pasadas, presentes y futuras de Rajoy no están destinadas a obtener a cambio propósitos de enmienda por parte de los nacionalistas, sino a que el presidente del Gobierno pueda eludir con ellas su obligación de hacerles cumplir la ley.
Sencillamente, Rajoy cede a cambio de no tener que enfrentarse con los nacionalistas. Y eso, para una persona con el carácter del actual presidente del Gobierno es, desgraciadamente, mucho.
Por no enfrentarse a los nacionalistas, Rajoy ha permitido impasiblemente, desde el punto de vista político, que los nacionalistas inoculen en la opinión pública que el problema económico de la Generalidad se debe, no a su multimillonario despilfarro identitario, sino al hecho de que "Espanya ens roba".
Por esa misma razón, Rajoy ha permitido en el ámbito jurídico que los nacionalistas crean que van a tener total impunidad en su ilegal consulta secesionista, sin hacerles mayor advertencia de que "no otorgará" efectos jurídicos al delito.
Por esa misma irresponsable e insensata renuencia a hacerles cumplir tanto la Constitución como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Rajoy les ha dado y seguirá dando en el ámbito financiero ayuda extraordinaria que evite a la Generalidad la suspensión de pagos y, sobre todo, le evite a él tener que intervenirla.
Pensar que los nacionalistas iban a aplazar o, incluso, renunciar a su agenda secesionista a cambio de una financiación extraordinaria, que precisamente requieren para cosumarla, es empeñarse en no ver que el problema decisivo se encuentra en Madrid y no en Barcelona. Pero en eso estamos y en eso seguimos.