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EDITORIAL

Con Mas no hay nada que hablar

El Rey hace lo que debe, pero sólo lo que puede. Es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de acabar con la rebelión de los separatistas.

El lenguaje gestual del Rey Felipe hacia el presidente de la Generalidad en la toma de posesión de la última promoción de jueces ha sido una buena muestra de lo que la Casa Real opina del aventurero separatista que dirige la Generalidad. Ni un gesto de complicidad, habituales en este tipo de actos, han podido registrar las cámaras entre Felipe VI y Artur Mas, a pesar de que ambos han compartido espacio en la entrega de despachos de los nuevos magistrados salidos de la Escuela Judicial. Una frialdad extrema, la del monarca, que ha puesto de manifiesto el aislamiento merecido del líder del separatismo catalán a causa de su aventura secesionista.

La indiscreción del presidente cántabro, habitual en el personaje, nos ha permitido saber también que el Rey da por amortizado a Artur Mas como un político irreductible con el que es imposible llegar a cualquier entendimiento. Mas está fuera de toda coordenada lógica y ha fiado su futuro político y el de su partido a un delirante proyecto de secesión que, de tener éxito, haría saltar por los aires la legalidad constitucional española y dejaría a Cataluña en la indigencia económica, la ruina social y la más absoluta exclusión internacional.

El Rey no puede tomar iniciativas legislativas o ejecutivas pero, en cambio, sus gestos tienen una gran trascendencia política, especialmente en asuntos que tienen que ver con la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Es de justicia, por tanto, saludar este nuevo marco de relaciones fijado por el monarca, que contrasta notablemente con otras escenas vividas con el mismo personaje, como cuando ejerció de chófer improvisado de Artur Mas en una reciente visita a una factoría de automóviles.

Ahora bien, se trata únicamente de gestos que no cuestionan la esencia de un problema que ha de ser solventado por el Gobierno de la Nación. La abierta rebelión de una autoridad del Estado, como lo es el presidente de una Comunidad Autónoma, ha de tener una respuesta contundente para restaurar la legalidad constitucional en todo el territorio nacional. El Rey hace lo que debe, pero sólo lo que puede. El presidente del Gobierno, en cambio, tiene la responsabilidad de acabar con la rebelión de los separatistas catalanes una antes de que sea demasiado tarde. No en vano la Constitución Española pone en su mano todos los medios necesarios para hacerlo.

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