La gran mayoría de los análisis de las elecciones catalanas publicados hasta el momento coincide en señalar el fuerte descenso experimentado por CiU como nota más característica. A partir de ahí surge un amplio acuerdo en virtud del cual el órdago secesionista planteado por Artur Mas habría quedado conjurado, como lo probaría el descenso de la representación parlamentaria de los partidos abiertamente separatistas, que han pasado de los 76 escaños que obtuvieron 2010 a 74.
Se requiere una gran dosis de ingenuidad para creer que el peligro de secesión en Cataluña ha sido borrado de un plumazo tras el batacazo electoral de Mas, porque la realidad dice que el nuevo Parlamento autonómico catalán es abrumadoramente independentista.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que CiU se ha presentado por primera vez a unas elecciones autonómicas abogando por iniciar un proceso de ruptura con España, decisión arriesgada que, efectivamente, le ha hecho perder muchos votos; pero no menos cierto es que con tal plataforma ha conseguido el 30% de los sufragios y quedar muy por encima de todos los demás partidos. Aunque indudablemente tiene votantes no independentistas, el hecho es que esta vez su mensaje sí lo era.
Otros datos que cuestionan el optimismo generalizado entre los no independentistas es que CiU tiene en solitario más diputados que las tres formaciones claramente no separatistas (PSC, PP y C's), que la segunda fuerza parlamentaria es la aun más independentista ERC y que el secesionismo rebasa ampliamente la mayoría absoluta de escaños.
A esta fortaleza del voto directamente independentista hay que sumar el hecho de que los comunistas de ICV son partidarios de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, lo que permite aventurar que una parte más o menos importante de sus votantes sería también partidaria de la secesión, llegado el caso.
Sumemos todo lo anterior y tendremos una imagen muy expresiva de lo que se puede esperar de esa Cámara en la nueva legislatura en términos de lealtad institucional.
Por si fuera poco, el Partido Popular ha defendido durante la campaña que Cataluña cuente con un nuevo sistema de financiación que privilegie aun más al Principado. En esencia, quizá sólo el partido de Albert Rivera, Ciutadans, vaya a defender allí la igualdad de todos los españoles y la aplicación del Estado de Derecho bajo los auspicios de la Constitución, tal y como fue aprobada por el pueblo español.
Por más que haya entre los partidarios de la unidad de España quien se felicite por los resultados electorales del domingo, la realidad es muy otra, mucho más dramática.