El golpe de Estado de los separatistas catalanes sigue adelante y sus perpetradores, lejos de arredrarse ante la cercanía del 1 de octubre, muestran una resolución y una arrogancia por desgracia nada sorprendentes, dada la ominosa impunidad con que avanzan en su demolición del régimen constitucional y del Estado de Derecho. Así, mientras el portavoz Jordi Turull proclama: "Firmar la ley del referéndum (sic) no es un problema, sino un auténtico honor", el jefe nominal de la banda, Carles Puigdemont, advierte sin vergüenza: "No aceptaré una suspensión de mis atribuciones".
El presidente del Gobierno, por su parte, pretende transmitir tranquilidad diciendo que "en la Constitución están todos los instrumentos que necesitamos para evitar la fractura de España" y asegurando: "Estamos preparados".
¿Verdaderamente estamos preparados, como Nación, como sociedad y como Estado, para responder al formidable desafío que está planteando el separatismo catalán? ¿Se ha preparado a la sociedad y a las instituciones para una amenaza harto real e inminente? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
No queda siquiera un mes para que los golpistas perpetren su consulta liberticida y los que transmiten una mayor determinación para seguir adelante con sus planes son ellos, que no dejan de desafiar a las instituciones del Estado que no tienen secuestradas y de prostituir como proxenetas a las que, alucinantemente, siguen en sus manos.
El tiempo se acaba, el próximo 1 de octubre puede ser una de las fechas más negras de la democracia española y ¿verdaderamente estamos preparados para impedir que unos golpistas perpetren su tan impunemente anunciado golpe de Estado? En esta hora tan grave, Mariano Rajoy no tiene derecho a pedir confianza; lo que ha de hacer es ganársela de la única manera posible: cumpliendo con su trascendental deber de cumplir y hacer cumplir la ley.