En sólo dos semanas el Partido Socialista se ha dejado dos puntos en intención de voto según un sondeo realizado por el Instituto Opina para el diario El País. En ese mismo periodo de tiempo, y siguiendo el mismo estudio, el Partido Popular los ha ganado. Como resultado, PP y PSOE se encuentran, a estas alturas de la legislatura, a sólo dos puntos porcentuales; un 40% para los populares y un 42% para los socialistas, es decir, prácticamente un empate. Sorteando las naturales reservas con las que hay que tomar cualquier sondeo hecho público por el emporio mediático de Polanco, el hecho innegable es que los dos temas que han monopolizado la actualidad en las últimas dos semanas, esto es, la polémica del Estatuto y la crisis en Ceuta y Melilla, han causado estragos en un equilibrio electoral que pintaba muy favorable a Zapatero hasta el mes pasado.
Lo del Estatuto era perfectamente previsible. A pesar de que el Gobierno esté convencido de lo contrario, la realidad es que el nacionalismo en el conjunto de España no goza de muy buena prensa. Y no es para menos. Los nacionalistas vascos y catalanes llevan 30 años manteniendo vivo un conflicto ficticio que sólo existe para ellos y sometiendo a la nación a un continuo chantaje. El Estatuto es la gota que ha colmado el vaso de muchas paciencias. Los terminales mediáticos del Gobierno han tratado infructuosamente de aplacar la ira ciudadana, harta de tanto irredentismo, adornando el pastel, pero no ha sido suficiente. La parte templada del electorado socialista se ha olido la tostada y ha visto que tras el engendro parido a cuatro por Maragall, Carod, Mas y Zapatero no hay más que el vulgar pero perfectamente planificado asalto a la Constitución. Eso, para muchos votantes socialistas es demasiado, por lo que es del todo lógico que una parte de la clientela natural del PSOE se esté planteando si le interesa seguir dando su voto a quienes no tienen el menor respeto por la legalidad vigente. En el otro extremo de la actualidad, en la pésima gestión de la crisis de los inmigrantes, los vaivenes del Ejecutivo, las mentiras y la incapacidad manifiesta para hacer frente a las sucesivas avalanchas han persuadido a muchos de que quizá no sea Zapatero el presidente más indicado para semejante desafío.
El Partido Popular, por su parte, ha empezado –tímidamente, eso sí– a tomarse en serio su labor opositora y a tener presente que se encuentra a solas en este y otros muchos lances del acontecer político. Y a la vista está que su electorado lo agradece. La leal y numerosísima base social del PP llevaba tiempo pidiendo a sus líderes que abandonasen los complejos y los perfiles bajos para saltar a la arena a defender con vigor los puntos esenciales de su programa. Mariano Rajoy estuvo a la altura de lo esperado en el debate parlamentario y su grupo no ha desperdiciado ni una sola ocasión de poner contra las cuerdas a un Gobierno ya noqueado por la gravedad de lo que ha sucedido en los últimos quince días. Ahí tiene la recompensa en forma de un renovado apoyo y unas extraordinarias perspectivas electorales. Porque, aunque parezca mentira, no nos encontramos ni siquiera a mitad de legislatura y a Zapatero no le quedan manos para tapar las vías de agua que se ha ido abriendo a lo largo del año y medio que lleva en el poder. Son demasiados los frentes que el Gobierno tiene activos y sería suicida por parte del PP no aprovechar la situación para consolidarse seriamente como una alternativa en firme al actual desorden. No necesita, además, travestirse de nada, el PP dispone, en líneas generales, de un programa sólido y repleto de soluciones que el país necesita con urgencia. Lo único que le hace falta es mantener lo suficientemente alto el volumen para que se le oiga.
