Con la llegada del verano, han vuelto también los apagones. La semana pasada, sin ir más lejos, Red Eléctrica (REE) tuvo que interrumpir por dos veces el suministro eléctrico en Andalucía y Extremadura ante la fuerte demanda de energía motivada por la ola de calor. Si habláramos de África o de algunos países de Latinoamérica, este hecho parecería de lo más normal del mundo; pero se trata de España, de uno de los países más avanzados del planeta del que dice muy poco que ocurran cosas como ésta.
¿Quién tiene la culpa? En otras ocasiones, el dedo acusador se ha posado sobre las eléctricas, de quienes se decía que no habían invertido en capacidad de generación todo lo que debían porque habían destinado su dinero a otros negocios, sobre todo telecomunicaciones, que parecían mucho más rentables aunque luego han resultado ruinosos. Sin embargo, en esta ocasión no se ha levantado una voz en contra de ellas porque ya están invirtiendo lo que deben. De hecho, a lo largo de los últimos meses han entrado en funcionamiento varias centrales de ciclo combinado, las que utilizan el gas natural como combustible para producir electricidad. El problema, por tanto, no parece ser ya de falta de capacidad de generación; por el contrario, parece obedecer a otras razones que tienen que ver con la red de transporte.
Uno de los problemas con los que se ha encontrado el desarrollo de una red adecuada y moderna de electricidad ha sido la normativa autonómica y, sobre todo, municipal en materia de medio ambiente que, en muchos casos, ha paralizado cuando no prohibido las inversiones en la red para dotarla de la capacidad necesaria para atender el servicio. Muchos ayuntamientos han prohibido tender redes de alta y media tensión en su término municipal con lo que impiden que la electricidad llegue a ellos y sus vecinos con la calidad necesaria, con lo que las puntas de demanda terminan por traducirse en apagones. Este es el caso de muchas localidades de la costa, en las que las interrupciones del servicio son frecuentes durante la temporada estival por culpa de unas corporaciones locales que gobiernan con la demagogia como norte en vez de hacerlo con el sentido común y el interés de sus vecinos. Pero puede que toda la culpa no recaiga sobre los entes locales.
A lo largo de los últimos meses ha resultado llamativo como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha prohibido a REE operaciones corporativas fuera del territorio nacional o se ha manifestado en contra de las inversiones previstas por la compañía, encargada por ley de gestionar la red de alta tensión, en otros sectores productivos. El último caso ha sido respecto a la venta de la red de transmisión de señales de Retevisión, a la que optaba REE en competencia con el consorcio Tradia, hasta que la CNE anunció que se opondría a la operación. ¿Qué motivo puede tener la Comisión para adoptar esta actitud que no sea otro que el de su preocupación por las disfunciones del sistema eléctrico, muy relacionadas también con la falta de capacidad de la red de transporte para atender puntas de demanda?
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