Desde Libertad Digital se me ha dado la oportunidad de realizar una valoración de la política antiterrorista del nuevo gobierno del PP. Soy consciente de que siempre se deja un margen de cortesía de cien días para que los nuevos cargos tengan tiempo de hacerse a su nueva responsabilidad. Pero en el tema que nos ocupa, no tenemos margen de maniobra ya que está tan avanzada la negociación con ETA, que el tiempo juega en contra nuestra, ya que, día que pase que no se hayan producido cambios visibles en detrimento de la banda asesina, estos serán de un irreversible beneficio para la banda.
Desde que Fernández Díaz cogió las riendas del Ministerio de Interior, cierto es que ha habido cambios que nos han llenado de satisfacción, como la destitución de la cúpula de la Policía Nacional en manos de Rubalcaba. Hemos visto al ministro decir que no van a negociar y que no tiene nada que hablar ETA, así como interpelar duramente a los diputados de Amiur en el Congreso de los Diputados. Pero también hay que decir que hay cosas que no han sido de nuestro agrado y que, en el colectivo de Voces Contra el Terrorismo, han creado mucha zozobra.
El viernes día 10 de febrero, Interior concedió el tercer grado al etarra José Manuel Fernández, implicado en el asesinato de un Guardia Civil. Según consta en la página oficial del Ministerio de Interior, los motivos son:
"Fernández Pérez de Nanclares, al que se le aplicó la doctrina Parot, firmó su desvinculación de la banda terrorista, mostró su arrepentimiento y cumple el resto de requisitos exigidos por la legislación vigente para acceder al tercer grado".
Además, si tenemos presente el compromiso del Gobierno, cuyo titular periodístico el pasado mes de enero era: "El Gobierno informará a las víctimas de los movimientos de los presos etarras", llegamos a la conclusión que los hechos no se corresponden con los compromisos adquiridos, pues se ha constatado que la familia del guardia civil asesinado, ni ha sido informada, ni ha recibido ninguna petición de perdón, y tampoco tenemos conocimiento de la colaboración con la Justicia, requisito indispensable para obtener estos beneficios, por lo que en estos primeros pasos no ha habido ningún cambio en política penitenciaria respecto a la que llevaba acabo el Gobierno de Zapatero, una política penitenciaria adaptada a dar cumplimiento con los compromisos adquiridos con ETA.
Es más, hemos comprobado que hay declaraciones publicos, con respecto a los presos de ETA, de Fernández Díaz prácticamente en la misma línea de las de Rubalcaba como por ejemplo estas:
A) "Los presos de ETA que muestren voluntad de reinserción, podrán acogerse a beneficios penitenciarios". El señor ministro ha asegurado que desde el Gobierno "queremos ayudar a los que estén dispuestos a eso, y favorecerles en ese tránsito"
B) Acercamiento progresivo al País Vasco, "siempre y cuando" se favorezca su reinserción. Además, pidió a los reclusos que rompan con la banda.
Las declaraciones corresponden, en el caso de A: Jorge Fernández, y en el de B: Alfredo Pérez Rubalcaba. Se pueden comprobar las pocas diferencias de fondo.
El hecho de que el ministerio de Interior haya dejado intacta la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo transformada por Zapatero y Peces Barba y que, además, haya ascendido como directora general de esa oficina a una persona de confianza de Zapatero, a la que nombra en julio del 2004, ha generado gran preocupación en el colectivo. A pesar del miedo de muchos a expresarse, porque desde esta oficina se determinan las cantidades que percibimos a modo de subvenciones.
Dicha directora, Sonia Ramos Piñeiro, según se ha publicado, se ha reunido recientemente con la directora de víctimas de la Comunidad Vasca, Maixabel Lasa, también conocida como una activa promotora del llamado proceso con ETA, en esa reunión tratarían la conocida como vía Nanclares de Oca, que inició Zapatero y que ambas conocían. Según lo publicado, tienen el visto bueno del ministerio de Interior.
Yo soy uno a los que todavía muchos tratan de ingenuo, porque creemos que el PP no ha negociado con ETA ni va a negociar, pero sí expreso mis dudas razonables a raíz de los hechos. Y me preocupa que lo que ya está negociado con el PSOE, las concesiones obtenidas y las vías puestas para seguir el camino marcado por la negociación, pudieran revertirse y reconducir a la política antiterrorista de la segunda legislatura del Gobierno de Aznar, es decir, la derrota de ETA.
Lo tiene fácil el PP para cumplir con sus promesas electorales y mantener las esperanzas a quienes queremos un final de vencedores y vencidos.
Puede empezar por paralizar la política penitenciaria, que es todo un fraude y una traición a las víctimas del terrorismo; seguir por articular las medidas necesarias para la ilegalización de Bildu-ETA, Amaiur-ETA, evitando así escenas dolorosas para nosotros como el beso de la ministra Fátima Bañez al representante de Amaiur-ETA.
También puede mandar un mensaje a los negociadores internacionales, dejando claro que en España se aplicará la Ley sin concesiones a terroristas y como gesto inequívoco de la voluntad del Gobierno, pueden proceder a hacer cumplir la Ley deteniendo a Josu Ternera, pieza clave en el proceso de negociación.
Hemos vivido casi ocho años de un Gobierno que hacía justo lo contrario a su discurso en materia antiterrorista, ocho años de manipulación y mentiras que generaron en el colectivo de víctimas un gran sufrimiento. No necesitamos más halagos ni discursos grandilocuentes, por la memoria, la dignidad y la justicia. Necesitamos que pasen a los hechos y nos devuelvan las esperanzas de poder ver a una ETA derrotada, sin concesiones ni rodeos.
Espero que pierdan el miedo a hablar del 11M y, así, ayuden a que las víctimas del 11M y todos los españoles podamos conocer toda la verdad.
El Sr. Alcaraz Martos es portavoz de la asociación Voces contra el Terrorismo. Su hermano y sus dos sobrinas, niñas aún, fueron asesinados por ETA con un coche bomba en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987.