En lugar de presentar una denuncia por fraude de ley y acusar a Mas de los delitos de prevaricación, coacciones y malversación de fondos públicos, tal y como UPyD hacía el martes de la semana pasada, ¿por qué el Gobierno de Rajoy se plantea ahora una mera impugnación del nuevo 9-N? Pues por la misma razón por la que, con ocasión del nombramiento de la junta electoral del viejo 9N, en lugar de presentar una querella contra Mas, tal y como también hizo UPyD, el Gobierno prefirió plantear contra la Generalidad un mero "incidente de ejecución". La razón era y es que ambas impugnaciones no implican denuncia de delito alguno y, por tanto, no reclaman tampoco reproche penal alguno.
Que la prioridad de Rajoy sea no intervenir la Administración regional catalana por razones jurídicas o financieras no significa que el presidente del Gobierno disfrute viendo cómo los gobernantes autonómicos de Cataluña aprovechan la impunidad y la financiación extraordinaria que el Gobierno del PP les otorga para llevar a cabo su carísimo e ilegal proceso de transición nacional. Ahora bien, todos debemos ser conscientes –insisto– de cuál es la prioridad de la calamidad histórica que preside el Gobierno de España.
¿Creemos que, por que no lo denuncie, a Rajoy no le parece mal la existencia de un Consejo Asesor para la Transición Nacional en Cataluña, organismo no menos nutrido de fondos públicos y no menos desafiante a nuestro ordenamiento jurídico que la consulta de marras? Claro que le parece mal, pero le puede su prioridad.
¿Creemos que Rajoy no ve la clamorosa desobediencia a nuestros altos tribunales que constituye la coactiva e inconstitucional inmersión lingüística en Cataluña? Claro que la ve, pero le puede su prioridad.
¿Creemos que Rajoy no percibe los clamorosos incumplimientos –no sólo de la Generalidad– a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incumplimientos que justificarían, más que de sobra, la aplicación de los mecanismos de "sanción e intervención" que esa misma ley contempla? Claro que lo percibe, pero le puede su prioridad.
¿Creemos que Rajoy considera que los gobernantes catalanes no están atentando tan gravemente al interés general de España como para intervenir la Generalidad al amparo del artículo 155 de la Constitución? Claro que no, pero le puede su prioridad.
Para negar validez jurídica a los resultados del 9-N no hace falta una impugnación de su convocatoria. Y para castigar o dejar de financiar tan reiterado fraude de ley, de nada sirve. Tan sólo sirve para ocultar la irresponsable prioridad de nuestro indeseable presidente de Gobierno.